El Servicio Secreto de EE. UU. dijo el 26 de agosto que había incautado 286 millones de dólares en préstamos por la pandemia obtenidos de forma fraudulenta, lo que eleva la cantidad total de fondos robados recuperados por la agencia a 1400 millones de dólares desde que se puso en marcha el programa de ayuda en 2020.
El Servicio Secreto dijo en un comunicado que había devuelto los 286 millones de dólares a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de distribuir los fondos de ayuda en el marco de varios programas promulgados en el momento álgido de la pandemia.
Todos los fondos en cuestión fueron robados por delincuentes que presentaron fraudulentamente solicitudes en el marco del programa de Préstamos por Daños Económicos (EIDL). El programa, que finalizó hace varios meses, estaba destinado a ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto económico del brote de COVID-19.
La Oficina del Inspector General de la SBA ha calculado que al menos 80,000 millones de dólares distribuidos del programa EIDL, de 400,000 millones de dólares, pueden haber sido fraudes, gran parte de ellos mediante estafas de identidad robada.
El Servicio Secreto dijo que la última incautación eleva a 1400 millones de dólares el importe total de los fondos de ayuda a la pandemia obtenidos fraudulentamente.
Today, the Secret Service returned approximately $286 million in fraudulently obtained Economic Injury Disaster Loans to @SBAgov. Read more: https://t.co/dxRohNssCl pic.twitter.com/Mnxd5ZnAss
— U.S. Secret Service (@SecretService) August 26, 2022
La investigación que permitió obtener los 286 millones de dólares en fondos robados fue iniciada por una oficina de campo del Servicio Secreto en Orlando, Florida. En el curso de la investigación, los agentes de la oficina de Orlando descubrieron que los estafadores utilizaban un sistema de pago de terceros llamado Green Dot Bank (GDB) para intentar ocultar su actividad delictiva.
«Trabajando con GDB, el Servicio Secreto pudo identificar más de 15,000 cuentas utilizadas en la conspiración e incautar los 286 millones de dólares que contenían estas cuentas fraudulentas», dijo la agencia en el comunicado.
Los delincuentes utilizaron información laboral y personal inventada o robada al presentar las solicitudes de EIDL.
«Este es un paso importante para devolver los fondos robados al pueblo estadounidense», dijo en un comunicado el director del Departamento de Justicia para el Control del Fraude por COVID-19, Kevin Chambers.
«Este esfuerzo de confiscación y los que vendrán son una respuesta directa y necesaria a la magnitud y el alcance sin precedentes del fraude a la ayuda por la pandemia», añadió.
El Servicio Secreto dijo que había iniciado más de 3850 investigaciones y pesquisas sobre el fraude relacionado con la pandemia.
El programa EIDL se inició en el marco de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés), promulgada el 27 de marzo de 2020.
En total, todas las leyes de estímulo aprobadas por el Congreso a raíz de la pandemia ascendieron a unos 5 billones de dólares.
Invitación al fraude
Los planes de ayuda se han visto empañados por todo tipo de complicaciones y se han reclamado fraudulentamente miles de millones en los distintos programas.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que supervisa los gastos de ayuda del COVID-19, declaró a la CNBC en marzo que la forma en que se estructuraron los programas los hizo propensos al fraude y al abuso.
«La Administración de la Pequeña Empresa, al enviar ese dinero, básicamente dijo a la gente: ‘Solicite y firme y díganos que realmente tiene derecho al dinero'», dijo Horowitz al medio en ese momento.
«Y, por supuesto, para los defraudadores, eso es una invitación. … Lo que no se hizo fue un control mínimo para asegurarse de que el dinero llegaba a las personas adecuadas en el momento adecuado», añadió.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informó en marzo que las agencias pudieron distribuir rápidamente los fondos de ayuda por el COVID-19 en un momento en el que reinaba la incertidumbre, pero «el riesgo fue que no disponían de sistemas para prevenir e identificar los errores de pago y el fraude» debido, en parte, a «deficiencias en la gestión financiera».
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