Los grupos provida han sido las víctimas de alrededor del 70% de las investigaciones sobre la violencia relacionada con el aborto desde la decisión Dobbs de la Corte Suprema, según el director del FBI, Christopher Wray.
El director del FBI hizo la revelación durante una audiencia del 17 de noviembre del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, cuando fue interrogado por el senador Rick Scott (R-Fla.), quien planteó su preocupación sobre cómo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) podría haberse «politizado» con respecto a las cuestiones provida.
«Así que hay un aumento reciente en las investigaciones de alto perfil del FBI sobre los estadounidenses provida, lo que plantea la preocupación actual de que el FBI está usando como arma la aplicación de la ley federal», dijo Scott, mientras señalaba cómo ha habido numerosos incendios, ataques violentos y actos de vandalismo contra las iglesias, las organizaciones provida y los centros de crisis de embarazo desde la filtración de la decisión Dobbs.
Al menos 95 iglesias católicas, 75 centros de recursos para embarazadas y oficinas de grupos provida han sido atacados desde mayo, cuando se filtró la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia Roe vs Wade de 1973, según el grupo de defensa CatholicVote, con sede en Wisconsin.
En respuesta a las preocupaciones de Scott, Wray dijo que su agencia «está haciendo su trabajo y haciendo lo correcto de la manera correcta».
«Mi punto de vista —expresado a toda nuestra gente, incluso en el contexto de la violencia relacionada con el aborto— es que no me importa de qué lado del asunto estés, no puedes participar en la violencia, y tenemos igualdad de oportunidades cuando se trata de eso», añadió Wray.
Wray continuó diciendo que gran parte de la violencia se ha dirigido contra los grupos provida.
«Ahora, tenemos un buen número de investigaciones, mientras hablamos, sobre ataques o amenazas contra centros de recursos para el embarazo, organizaciones religiosas y otras organizaciones provida», continuó. «Y puede que le interese saber que desde la decisión de la Ley Dobbs, probablemente en torno al 70% de nuestros casos de violencia o amenazas relacionadas con el aborto son casos de violencia o amenazas contra… organizaciones provida».
«Y estamos persiguiendo eso a través de nuestros grupos de trabajo conjuntos contra el terrorismo, a través de nuestras autoridades penales, la Ley FACE, y cosas por el estilo. Tenemos unas 20 oficinas de campo involucradas en esto», dijo Wray. La Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) prohíbe obstruir la obtención de «servicios de salud reproductiva», incluido el aborto.
El director del FBI subrayó que su agencia se ha tomado estos casos «muy en serio».
«No me importa si estás motivado por puntos de vista provida o proelección. No puedes usar la violencia para expresarlo», dijo Wray.
Wray también defendió a su agencia, rechazando los reportes de los medios de comunicación que decían que el FBI solo procesaba a las personas provida.
«No tengo tiempo para decirles lo frustrado que me siento a veces por algunas de las noticias que informan sobre nuestro trabajo y la mala información sobre nuestro trabajo», dijo Wray. «La circunspección que mostramos con respecto a la discusión de nuestras investigaciones se basa en normas y prácticas que son importantes para que la gente tenga confianza en la integridad de nuestro trabajo y se remontan a décadas, en múltiples administraciones».
En octubre, los fiscales estadounidenses acusaron a 11 activistas provida de violaciones de la Ley FACE por su supuesto «bloqueo» de una clínica de abortos en Mount Juliet, Tennessee, en marzo de 2021. Más tarde, en el mismo mes, un activista provida de Pensilvania fue acusado de violar la Ley FACE por supuestamente tratar de bloquear el acceso a una clínica de aborto en Washington, D.C. en octubre de 2020.
Un ataque reciente tuvo lugar a mediados de septiembre, cuando el centro de embarazo Mother and Unborn Baby Care de Southfield, Michigan, fue objeto de vandalismo y pintado con aerosol con las palabras «Si los abortos no son seguros, tú tampoco lo estás. Jane».
Jane es una referencia a Jane’s Revenge, un violento grupo extremista praborto. El grupo comenzó a realizar atentados el 8 de mayo, cuando reivindicó la autoría de un incendio provocado contra la sede del grupo provida Wisconsin Family Action.
En septiembre, los representantes Chris Smith (R-N.J.) y Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) presentaron la Ley de Protección de los Centros de Atención al Embarazo de 2022 (H.R.8926). Si se promulga, el proyecto de ley exigiría a la Administración Biden que revele públicamente cómo está manejando la investigación y el enjuiciamiento de los activistas proaborto que atacan a los centros de recursos para el embarazo y las iglesias.
«Mi objetivo es fomentar un entorno en el que ninguna mujer sienta que su única opción es el aborto», dijo Rogers en una declaración que acompañaba al proyecto de ley. «Creo que todos los actos de violencia extrema y de odio deben ser condenados, por lo que estoy ayudando a liderar esta legislación para que el presidente Biden rinda cuentas por no haber respondido a esta amenaza con la urgencia que merece».
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