El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que su departamento planea ampliar los permisos de armas ocultas, citando un aumento de los delitos violentos en la zona.
Villanueva prometió el miércoles rebajar el estándar de «buena causa» requerido para obtener un permiso de portación. Sin embargo, añadió que no tiene intención de convertir la zona en una región de «emisión obligada», según declaraciones en vídeo.
Al explicar sus planes, el sheriff dijo que el mes pasado el condado de Los Ángeles registró un aumento del 95 por ciento en los asesinatos, un incremento del siete por ciento en los casos de violación, un aumento del 13 por ciento en los asaltos con agravantes, un aumento del 22 por ciento en los incidentes de incendios provocados y un aumento del 40 por ciento en los robos de automóviles en comparación con mayo del año pasado.
«Hemos aumentado nuestra capacidad para procesar los permisos CCW», indicó Villanueva. «Hicimos que el estándar de ‘buena causa’ fuera alcanzable y estamos reconociendo que la amenaza para los residentes está aumentando, por lo que estamos respondiendo en consecuencia».
El sheriff dijo en abril que este año los delitos violentos se dispararon en el condado porque los delincuentes se vieron envalentonados por las políticas de seguridad progresistas, así como por el movimiento de «desfinanciación de la policía», que siguió a la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis.
El verano pasado, el presupuesto del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se redujo en 150 millones de dólares en medio de las protestas y la presión para desfinanciar a la policía. Desde entonces, el alcalde demócrata, Eric Garcetti, propuso un aumento del tres por ciento en el presupuesto del LAPD, pasando de 1710 a 1760 millones de dólares.
La protección de los derechos de la Segunda Enmienda suscitó un renovado análisis desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden, quien pidió en repetidas ocasiones que se endurezcan las restricciones a las armas.
El 8 de abril, Biden anunció una serie de nuevas medidas de «control de armas» a través de una orden ejecutiva. Los grupos que defienden los derechos de la Segunda enmienda, como la Asociación Nacional del Rifle y Gun Owners of America, criticaron la medida.
Según un informe de la conservadora Heritage Foundation, en el que se citan datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), «casi todos los estudios nacionales sobre el uso defensivo de las armas concluyen que las armas de fuego se utilizan en defensa propia entre 500,000 y tres millones de veces al año en Estados Unidos.
«Además, un análisis independiente de los propios datos internos de los CDC sobre los usos defensivos de las armas indica que las armas de fuego se utilizan de forma defensiva alrededor de un millón de veces al año, lo que empequeñece el número de muertes y lesiones atribuibles a su uso delictivo», indica el informe.
La U.S. Concealed Carry Association afirmó en una carta al presidente en febrero que «un número récord de estadounidenses estuvo comprando armas de fuego para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos a salvo» y añadió que «las mujeres y las minorías están ahora a la cabeza como los grupos de más rápido crecimiento de titulares de permisos de portación oculta en el país».
Con información de Jack Phillips.
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