El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, pidió a los líderes del condado el 2 de noviembre que abran un debate público sobre las órdenes de vacunación, citando una posible pérdida de hasta un tercio del personal juramentado para fin de año.
Por lo general, el departamento pierde 500 de sus integrantes por retiros y otros 300 por lesiones cada año. Hasta ahora, 655 empleados han presentado trámites para dejar el departamento.
Este año, el departamento podría perder 1000 de sus integrantes por retiros voluntarios y reclamos por lesiones, dijo Villanueva. Un personal juramentado adicional de 3137, que incluye agentes de patrulla y detectives, y 1048 funcionarios podrían ser despedidos por no vacunarse.
Villanueva, que supervisa el departamento del alguacil más grande del país, con unos 18,000 empleados, anunció a principios de este mes que no haría cumplir la orden de vacunación del condado en su agencia.
Una orden de vacunación para los empleados ha provocado que muchos en el departamento se vayan, dijo Villanueva. Según la orden, los empleados tenían que estar completamente vacunados antes del 1 de octubre.
Para el martes, el 57 por ciento del departamento del alguacil estaba completamente vacunado, según Villanueva. De ellos, el 43 por ciento del personal jurado estaba vacunado. El sesenta y siete por ciento del personal profesional no juramentado fue vacunado.
Villanueva dijo que el personal jurado fácilmente podría dejar el condado para trabajar en los condados circundantes que no exigen las vacunas anti-COVID, como San Bernardino, Orange, Riverside, Ventura o Kern. Gran parte del personal del departamento vive en los condados circundantes debido al alto costo de vida en el condado de Los Ángeles, dijo.
Los Ángeles es única en el país en lo que respecta a la orden y al movimiento de «desfinanciación a la policía», dijo Villanueva.
“La única entidad que se mantiene firme en la eliminación de fondos en todo el país es la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles”, dijo. “Tienen un grupo muy extraño de personas que están a cargo. Ellos adoran la corriente Woke (un adjetivo para señalar a personas que ostentan sobre cuánto les importa alguna cuestión social) y no entienden que su propia comunidad les está diciendo ‘no'».
El alguacil dijo que cree que más personal del departamento se vacunaría si el departamento pudiera aplicar un sistema voluntario.
Villanueva mostró fotos de estadios llenos de vítores y fanáticos sin tapabocas y habló de gente que todo el tiempo está sin mascarillas en restaurantes.
«Una vez más, ¿Cuántas personas están comiendo en un restaurante, pero luego les preocupa un que un policía les haga una reclamación?» dijo Villanueva.
Los residentes les han pedido a los operadores del alguacil que no envíen agentes no vacunados para responder a sus llamadas, según la oficina de información del departamento.
“No exigimos que el público reciba una vacuna. Tenemos que tratar con el público no vacunado, o con el que está vacunado. Con los que tienen COVID-19 o los que no lo tienen”, dijo.
Villanueva dijo que el tema de la vacuna debe ser transmitido públicamente. Sin embargo, el público ha sido excluido de las decisiones porque los supervisores del condado continúan celebrando reuniones a través de Internet, en violación de la Ley Ralph M. Brown, una ley aprobada en 1953 que garantiza el derecho del público a asistir y participar en las reuniones legislativas locales celebradas por la ciudad, el condado o los órganos legislativos, dijo el alguacil.
“Todo lo que están haciendo es una violación de la Ley Brown, porque deliberadamente excluyen al público de participar plenamente de todas las mociones y de todas las decisiones que está tomando la junta, las que se están tomando a puerta cerrada”, dijo Villanueva. «Y esto es lo que está pasando ahora mismo».
Los hechos y la ciencia no respaldan la orden de vacunación, dijo.
«Algo está pasando. Algo está podrido y tenemos que arreglarlo”, dijo Villanueva.
La decisión del condado de Los Ángeles de incluir preguntas sobre la equidad de la población, como la orientación sexual, en el sistema que documenta las vacunas anti-COVID entre los empleados hizo que más empleados tuvieran más dudas, dijo el sheriff.
El condado de Los Ángeles respondió a los comentarios del alguacil el martes, diciendo que el aumento que se ha presentado en los retiros anticipados o en las renuncias entre el personal juramentado en el departamento del alguacil no inició desde que entró en vigencia la política de vacunación, según una portavoz del condado.
Se comparó una revisión de los datos de deserción del 1 de octubre de 2020 al 20 de septiembre de 2021 con octubre de 2021, cuando se implementó la política de vacunación y no ha habido un aumento en las deserciones, según el condado.
El nivel de deserción del departamento durante el año pasado ha sido ligeramente más bajo que la tasa general del condado.
Hubo nueve jubilaciones del departamento del alguacil en octubre, lo que no se considera un número alto, según el condado.
“Esperamos que todos los jefes de departamento apoyen esta importante medida de salud pública para mantener seguros a sus empleados y al público. Eso significa alentar a sus empleados a que se unan al más del 90 por ciento de los empleados del condado que ya se han registrado en el sistema y al más del 77 por ciento que están completamente vacunados”, dijo la portavoz del condado, Brenda Duran.
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