El nicaragüense Juan Pablo Ortiz González, un trabajador del Estado identificado como «paramilitar» por la oposición, admitió este jueves haber asesinado a una ciudadana estadounidense en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, con quien simpatiza y defiende.
Ortiz González, de 29 años y que trabajaba en el estatal Correos de Nicaragua antes del crimen, confesó durante el juicio haber asesinado de un disparo a la estadounidense Ariana Enid Martínez García, de 35 años y nacida en Puerto Rico, el pasado 29 de septiembre en un barrio de la ciudad de Matagalpa (norte).
El Ministerio Público de Nicaragua acusó al hombre de los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y portación ilegal de armas.
El suceso ocurrió cerca de la medianoche de ese día cuando el hombre, que discutía con el esposo de la víctima, le disparó en la cabeza, según la versión de grupos opositores, que identificaron al responsable como un «paramilitar» al servicio del régimen de Ortega y divulgaron una serie de fotografías donde aparece armado.
Por su lado, la Policía Nacional informó que la mujer murió cuando «intervino en discusión motivada por rencillas personales entre su cónyuge, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, y Juan Pablo Ortiz González».
Hasta ahora, las autoridades no han mencionado los motivos de la discusión, que tuvo lugar en una gasolinera de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, país que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos en protestas contra el líder del régimen Ortega, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Según los opositores, la ciudadana estadounidense fue asesinada por parapoliciales y paramilitares, que operan en conjunto con la Policía, según ha admitido el régimen, y que los cataloga de «policías voluntarios».
Previo al asesinato, la casa del matrimonio había sido marcada con la palabra «plomo», que en Nicaragua tiene dos connotaciones y ambas usadas por los sandinistas: «patria libre o morir» o una amenaza de muerte emitida por los civiles armados que actúan con la complicidad de la Policía.
La Policía de Nicaragua reconoció que el atacante tenía antecedentes por delito de amenazas de muerte, aunque no explicó por qué gozaba de libertad.
La sentencia condenatoria será dictada el próximo 12 de diciembre.
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