La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes una «crisis» sin precedentes en los medios no oficiales de Cuba y la «represión» de las autoridades contra periodistas e influencers.
En su nuevo informe semestral, la SIP asegura que «la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años» y destaca la salida del país de «decenas» de profesionales independientes ante el acoso y la grave crisis económica.
«En ese panorama, la prensa y los activistas independientes han sido los sectores más perjudicados. La represión continúa y por ello hay más de un millar de presos políticos», apunta el documento.
La SIP indica que el número de agresiones a periodistas (y cita «amenazas de arresto», «vigilancia policial domiciliaria» y «bloqueo de comunicaciones telefónicas») se ha reducido últimamente, pero lo achaca a la fuga de profesionales independientes.
Recalca que el periodista Yuri Valle Roca permanece en la cárcel pese a sus «graves problemas de salud», tras una condena de cinco años «por filmar y reportar sobre el lanzamiento de unas octavillas en La Habana».
También recuerda que las autoridades cubanas han prohibido salir del país a varios profesionales, como Reinaldo Escobar, Boris González Arenas, Inalkis Rodríguez, Camila Acosta, Julio Aleaga, Jorge Enrique Rodríguez, Iris Mariño, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín.
El informe apunta asimismo que «los ciudadanos críticos son amenazados o llevados a unidades policiales» por expresarse en redes sociales, especialmente en Facebook.
Expone en este sentido los casos de Sulmira Martínez e Hilda Núñez, dos influencers cubanas detenidas en los últimos meses. Martínez, presa desde enero por una publicación, apareció autoinculpándose en una entrevista difundida recientemente por la Seguridad del Estado.
La SIP indicó asimismo que el youtuber Yoandi Montiel, conocido como El Gato de Cuba, fue liberado tras cumplir dos años de cárcel por sus críticas contra el régimen.
El texto denuncia asimismo la «mordaza» legal contra «las libertades de prensa y expresión» que suponen el Código Penal, la Ley de Asociaciones, el decreto 370, la Ley 88 y la Constitución de 2019, entre otras normativas.
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