Dos sobrinos del expresidente John F. Kennedy han pedido a la Administración Biden que haga públicos los últimos documentos relativos a su asesinato en 1963 después de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que retrasaba su publicación debido a la pandemia de COVID-19.
Estaba previsto que los registros se hicieran públicos el martes, pero la Casa Blanca emitió un memorando el 22 de octubre en el que afirmaba que retrasaría su publicación hasta al menos el 15 de diciembre.
En el memorando, la Casa Blanca dijo que los Archivos Nacionales y la Administración de Documentos han llegado a la conclusión de que la pandemia de COVID-19 ha tenido «un impacto significativo en las agencias» y que requieren tiempo adicional para consultar con las agencias gubernamentales para determinar cuánta más información sobre el asesinato puede ser publicada.
Tras el memorando, Robert F. Kennedy Jr. dijo a Politico que el retraso del gobierno en la publicación de los documentos restantes es «un ultraje».
«Es un ultraje a la democracia estadounidense. Se supone que no debemos tener gobiernos secretos dentro del gobierno», dijo. «¿Cómo es que 58 años después… y qué en el mundo podría justificar el no liberar estos documentos?»
Su primo, el exrepresentante Patrick Kennedy (D-R.I.), dijo que los registros deben publicarse porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber sobre «algo que dejó tal cicatriz en el alma de esta nación que perdió no solo a un presidente, sino una promesa de un futuro mejor».
«Creo que por el bien del país, todo tiene que salir a la luz para que haya una mayor comprensión de nuestra historia», dijo Patrick Kennedy.
John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 mientras su comitiva atravesaba la Plaza Dealey en el centro de Dallas, Texas.
Lee Harvey Oswald, que había sido contratado recientemente para trabajar en el Depósito de Libros de la Escuela de Texas, fue detenido por las autoridades y acusado formalmente de su asesinato, así como del asesinato del agente de policía J.D. Tippit, al que supuestamente disparó ese mismo día.
Más tarde, Oswald fue abatido por el atacante Jack Ruby mientras estaba detenido en el cuartel general de la policía de Dallas. Ruby, propietario de un club nocturno, dijo a la policía que la venganza por el asesinato de Kennedy fue el motivo de su acción. Posteriormente fue acusado de asesinato en primer grado.
Casi 30 años después, el Congreso promulgó la Ley de Recogida de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy de 1992, ordenando que «todos los registros del gobierno relativos al asesinato del presidente John F. Kennedy (…) deben ser finalmente revelados para permitir que el público esté plenamente informado sobre la historia que rodea el asesinato».
Los registros consisten en más de 5 millones de páginas de registros relacionados con el asesinato, fotografías, material de video, grabaciones de sonido y artefactos, según los Archivos Nacionales.
Los documentos iban a ser desclasificados finalmente en 2017, pero el entonces presidente Donald Trump pospuso la publicación durante cuatro años, citando preocupaciones de seguridad nacional.
Sin embargo, en 2018 Trump sí aprobó la publicación de 19,045 documentos, de los cuales aproximadamente 15,000 tienen alguna tachadura, y están disponibles en la página web de los Archivos Nacionales.
El presidente Joe Biden ha continuado con la política de Trump de blindaje de los registros, a pesar de que él mismo sirvió en el Senado de EE. UU. cuando la Ley de Recogida de Registros del Asesinato de John F. Kennedy de 1992 fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
En la actualidad, aproximadamente el 88 por ciento de los registros relativos al asesinato han sido publicados en su totalidad, mientras que un 11 por ciento adicional ha sido publicado omitiendo información sensible. Otro 1 por ciento de los documentos identificados como relacionados con el asesinato aún no se han hecho públicos, según los Archivos Nacionales.
La Casa Blanca dijo en una declaración a Politico que el «público tendrá acceso a una parte de los registros previamente retenidos y a la información tachada retenida en los registros previamente liberados» y que la «Administración Biden está estableciendo un plan integral para asegurar la máxima divulgación posible de la información para finales de 2022».
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