Varias organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil aseguraron este viernes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el estado peruano no está siguiendo adecuadamente las recomendaciones emitidas por el organismo tras las protestas que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
«Estamos muy preocupados por la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Perú. Esa erosión socava los derechos a la verdad y la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante las protestas», apuntó en su intervención Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, en inglés).
El informe de la Comisión publicado hace unos meses solicitaba, entre otros asuntos, fortalecer la independencia judicial y el sistema electoral y «ese pedido ha sido totalmente ignorado por el Estado peruano» al tiempo que «sectores del Congreso han arremetido contra otras instituciones democráticas», aseguró.
Reggiardo fue una de las participantes de una audiencia en la que intervinieron varios miembros del gobierno peruano de Dina Boluarte y que fue interrumpida momentáneamente por familiares que los acusaron de mentir y de no hacer justicia por las víctimas de las protestas que registraron al menos 77 fallecidos y centenares de heridos.
El Gobierno peruano, afirmó la activista, ha negado «la evidencia», ha adoptado «un discurso estigmatizante y discriminatorio sobre las personas manifestantes, muchas de ellas indígenas» y no ha tomado medidas «para detener el uso ilegítimo de la fuerza letal y menos letal por parte de la fuerza de seguridad».
«Hasta hoy, la Fiscalía no ha presentado cargos contra agentes del Estado ni ha establecido la responsabilidad de las autoridades, que la CIDH denunció en su informe», afirmó.
La audiencia de hoy, explicó la segunda vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, buscaba recopilar información sobre las medidas implementadas por el estado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión en el marco de la visita realizada al país en 2023.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado, después de intentar dar un golpe de Estado, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Después de analizar lo sucedido y de visitar el país, la CIDH condenó en un informe la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones y pidió una investigación de las «graves violaciones a los derechos humanos» en el país, que incluyeron «ejecuciones extrajudiciales».
En la audiencia participaron heridos en las protestas y familiares de las víctimas como Raúl San Millán, hermano del médico Marco Antonio San Millán, asesinado de dos disparos el 9 de enero cuando atendía a un herido en las protestas en Juliaca.
«Sobre las políticas de reparación, el Estado mediante sus instituciones se ha mostrado completamente indiferente. No existe restitución de derechos ni garantías. El día 26 de julio nos han vuelto a reprimir, pues viajamos a la ciudad de Lima con los familiares a exigir que retornen nuestras carpetas fiscales, pero nos han gaseado e incluso detenido», apuntó.
San Millán quiso denunciar «ante la comunidad internacional» que después de las recomendaciones emitidas por la CIDH el Gobierno de Perú ha «iniciado un proceso de persecución política, judicial y de restricción de la libertad de expresión, realizando detenciones ilegales y arbitrarias».
Por parte del Estado, intervinieron algunos funcionarios que relataron las acciones que está llevando a cabo el Gobierno en materia de reparación de justicia y de investigación de lo sucedido.
Una de las personas que intervino fue Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien refrendó «el compromiso con la implementación integral de las recomendaciones formuladas» por la CIDH.
«En el informe se indica que el Estado peruano reconoce el derecho a la protesta pacífica e indica que lamentablemente en ese marco se produjeron actos de violencia que no se encuentran amparados por el derecho a la protesta», afirmó.
Adrianzén criticó asimismo algunas recomendaciones de la CIDH que «han significado la concesión de beneficios a líderes de movimientos terroristas», aseguró.
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