SpaceX de Elon Musk demandó a una agencia federal de Estados Unidos, alegando que esta debería ser modificada drásticamente porque su estructura sería inconstitucional.
La agencia federal, Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), tiene jueces que atienden casos presentados contra las empresas privadas como parte de su misión de proteger los derechos de los trabajadores. Una denuncia que se presentó contra SpaceX en diciembre de 2023 se enviará a uno de los jueces para su decisión.
Pero estos jueces de derecho administrativo funcionan de manera inconstitucional, dijo SpaceX en la nueva demanda.
La Constitución de Estados Unidos exige que el presidente tenga “control suficiente” sobre los jueces. Una corte de apelaciones concluyó en 2022 que los jueces de derecho administrativo (ALJ) de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están inconstitucionalmente protegidos de la supervisión presidencial.
“El mismo razonamiento se aplica a los jueces administrativos de la NLRB, incluido el juez administrativo asignado para presidir los procedimientos pendientes de la NLRB contra SpaceX”, dijo SpaceX en la demanda del 4 de enero.
La compañía está solicitando a la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas que dictamine que la composición actual de la NLRB es inconstitucional.
“Para evitar que SpaceX se someta a procedimientos administrativos prolongados ante una agencia estructurada inconstitucionalmente, después de lo cual es poco probable que SpaceX tenga la oportunidad de obtener una reparación retrospectiva significativa, la corte debería suspender o prohibir los procedimientos actuales de la agencia, declarar que la estructura de la NLRB viola la separación de poderes bajo el Artículo II de la Constitución, y prohibir permanentemente a la NLRB y su asesor general presentar cargos de práctica laboral injusta contra SpaceX ante funcionarios de la agencia que están inconstitucionalmente aislados de la supervisión presidencial”, escribió la compañía.
SpaceX también dijo que la junta de cinco miembros de la NLRB está estructurada incorrectamente, calificándola como «la definición misma de tiranía».
El juez federal de distrito Rolando Olvera, designado por el expresidente Barack Obama, fue asignado al caso.
Una portavoz de la NLRB no respondió a una solicitud de comentarios.
La demanda se produjo después de que la NLRB acusara a SpaceX de violar la ley federal al despedir a los trabajadores que hablaban en contra de las prácticas de la empresa.
Los trabajadores escribieron una carta abierta a los líderes de SpaceX en 2022, en desacuerdo con los posteos de Musk en Twitter. Ellos dijeron que los posteos de Musk eran “una fuente frecuente de distracción y vergüenza para nosotros” y que debería quedar claro que “sus mensajes no reflejan nuestro trabajo, nuestra misión o nuestros valores”.
SpaceX, en una “ola de despidos por represalia injustificada”, despidió a los trabajadores que escribieron la carta abierta y a otras personas involucradas en actividades protegidas por la Ley Nacional de Relaciones Laborales, como los trabajadores que protestaron contra lo que describieron como acoso sexual en la empresa, dijeron funcionarios de la NLRB.
Deborah Lawrence, una de las trabajadoras que despidió SpaceX, dijo a los medios de comunicación en un comunicado a través de sus abogados que la empresa tiene una “cultura tóxica”.
“Nosotros escribimos la carta abierta a los líderes, no por malicia, sino porque nos preocupamos por la misión y las personas que nos rodean”, dijo la Sra. Lawrence.
Por ahora, está prevista una audiencia sobre el asunto el 5 de marzo en Los Ángeles, California, ante un juez de derecho administrativo.
Campaña contra Musk
La NLRB es una de varias agencias gubernamentales que han entablado acciones contra Musk después de que se convirtiera en crítico del presidente Joe Biden y del gobierno federal.
En agosto de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) demandó a SpaceX, alegando que la compañía solo contrataba ilegalmente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Una contrademanda en la misma corte federal, en la que se presentó la nueva demanda en su contra, dijo que la empresa estaba cumpliendo con la ley federal que rige a las empresas involucradas con tecnología sensible.
El juez Olvera falló a favor de SpaceX y detuvo el caso, al considerar que la forma en que actúan los jueces de derecho administrativo del Departamento de Justicia no se ajusta a la Constitución.
Los procedimientos ante los jueces “son inconstitucionales porque el fiscal general no puede revisar” sus decisiones, afirmó el juez.
La Constitución dice que los presidentes deben nombrar “funcionarios principales” federales, aunque el Congreso puede autorizar al jefe de departamento a nombrar “funcionarios inferiores”. Sin embargo, esos oficiales inferiores deben ser “dirigidos y supervisados” por un oficial principal. Los jueces no son funcionarios inferiores en donde no están supervisados, según el fallo.
Si el procedimiento no se detuviera, SpaceX “probablemente sufriría un daño irreparable”, añadió el juez Olvera.
También abordó cómo los jueces no pueden ser destituidos directamente por un presidente. Los jueces solo pueden ser destituidos por los miembros de la junta, quienes a su vez pueden ser destituidos por el presidente. Esa estructura puede ser inconstitucional, pero los tribunales pueden eliminar las restricciones de expulsión.
La corte de apelaciones, en el caso de la SEC, que será atendido por la Corte Suprema de Estados Unidos, concluyó que debido a que los presidentes no pueden destituir directamente a los jueces de derecho administrativo, están inconstitucionalmente aislados del jefe ejecutivo.
Un juez que disintió no estuvo de acuerdo, lo que generó una decisión dividida que deberá ser resuelta por el máximo tribunal del país.
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