El exasesor y exdirector de campaña de Trump, Steve Bannon, se declaró inocente de los cargos penales de desacato al Congreso después de negarse a cumplir con una citación.
A inicios de esta semana, Bannon fue acusado en una corte federal de dos delitos menores por desacato luego de que no cumpliera con las demandas del grupo del 6 de enero de la Cámara de Representantes de presentar documentos y someterse a una audiencia. Cada uno de los cargos conlleva un mínimo de 30 días a un máximo de 1 año de cárcel y multas de USD 100 a USD 1000, según el Departamento de Justicia.
Bannon se entregó a los agentes federales el lunes y fue liberado sin fianza, sujeto a las normas de supervisión, que incluyeron la entrega de su pasaporte.
«Esto va a ser un delito menor del universo para Merrick Garland, Nancy Pelosi y Joe Biden», dijo Bannon a los espectadores afuera del edificio el lunes.
“No solo la gente de Trump y no solo los conservadores—todos los progresistas, todos los liberales de este país a los que les gusta la libertad de expresión y la libertad deberían luchar por este caso. Por eso estoy aquí hoy: para todos. Nunca voy a dar marcha atrás», dijo.
Está previsto que Bannon sea procesado en la corte el jueves, pero acordó renunciar a su derecho a una lectura formal de la acusación, según los documentos judiciales presentados el miércoles.
Esto ocurrió luego de que la Cámara de Representantes, en una votación partidista, decidiera declarar en desacato a Bannon. Los representantes Peter Meijer (R-Mich.) Fred Upton (R-Mich.), John Katko (R-N.Y.), Nancy Mace (R-S.C.), Anthony Gonzalez (R-Ohio), Brian Fitzpatrick (R-Pa.), Jaime Herrera Beutler (R-Wash.), Liz Cheney (R-Wyo.), y Adam Kinzinger (R-Ill.) se sumaron a los demócratas en la votación para declararlo en desacato.
Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha logrado una condena por desacato del Congreso en casi 50 años, aunque es la primera vez que la agencia aplica tales cargos desde 1983. El exasesor de Nixon, G. Gordon Libby, fue la última persona en ser condenada por este cargo en 1974.
El grupo del 6 de enero, encabezado por el representante Bennie Thompson (D-Miss.), posteriormente emitió citaciones para obtener documentos y testimonios de varios funcionarios y asesores de la era Trump. Thompson dijo a los periodistas que enviaría una advertencia final al exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, de que podría enfrentar una remisión al Departamento de Justicia si él no responde.
Tanto Bannon como Meadows han argumentado que la invocación de los privilegios ejecutivos del expresidente Donald Trump los protege a ambos de cooperar con el comité.
Sin embargo, según la acusación del Departamento de Justicia, estipulaba que Bannon es un ciudadano particular que «se negó a comparecer para dar testimonio como lo requiere una citación».
En un artículo de opinión publicado en The Washington Post durante el fin de semana, el abogado de Meadows, George J. Terwilliger III, explicó que estaba «sorprendido y decepcionado» de que el gobierno federal rechazara los recursos del privilegio ejecutivo.
“Bajo el precedente de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump también tiene voz para ser escuchado en los recursos de privilegio ejecutivo que surgen de su mandato, y le ha dado instrucciones a Meadows para que conserve el privilegio”, escribió. «Mi cliente se encuentra así atrapado entre dos rocas (el Congreso y la administración Biden) y un lugar difícil (instrucciones del presidente al que sirvió)».
Los abogados de Bannon, David I. Schoen y Matthew Evan Corcoran, no han respondido a solicitudes de comentarios.
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