Con los delitos de robo de la propiedad afectando a comunidades de toda California, un número creciente de críticos, entre ellos un supervisor que originalmente apoyó la medida, se preguntan si la Proposición 47 (pdf) —aprobada por los votantes en 2014 con la intención de reducir la población carcelaria— está contribuyendo a la actividad delictiva.
«Está mal. En un principio apoyé la ley, ya que me convenció el hecho de que mantendría a los drogadictos y a las personas con problemas de salud mental fuera de nuestras prisiones», dijo David Canepa, supervisor del condado de San Mateo, a The Epoch Times por correo electrónico el 31 de agosto. «Pero lo que hemos visto es un increíble repunte de los robos en tiendas y los delitos contra la propiedad que generalmente se imputan como delitos menores».
La Proposición 47 reclasificó ciertos delitos graves como delitos menores, entre ellos varios relacionados con la posesión de drogas, el hurto en tiendas, el hurto menor y la receptación de bienes robados. Los límites de los delitos graves se elevaron de 450 a 950 dólares, y los delitos de menor cuantía se clasificaron como delitos menores, con penas máximas de seis meses en la cárcel del condado.
La ley también eliminó el delito de hurto menor con antecedentes, que antes permitía a los fiscales elevar los cargos a delitos graves para los reincidentes.
La falta de consecuencias está alimentando el saqueo generalizado y los delitos de robo de bienes que se producen en el estado, dijo el Sr. Canepa.
«El umbral de 950 dólares para un cargo de delito grave según la Proposición 47 debe ser reexaminado por los legisladores estatales si realmente queremos combatir esta epidemia en California», dijo. «Las mafias del crimen organizado se han aprovechado de la Proposición 47 porque saben que, si los detienen, pueden salir de la cárcel al día siguiente y enfrentarse sólo a cargos por delitos menores. Esto ha provocado la proliferación de multitudes relámpago que asaltan comercios y crean miedo entre los compradores».
Los videos que circulan por las redes sociales muestran grandes grupos de ladrones atacar tiendas de lujos sacando los artículos y huyendo en coches que los esperan, y los comercios informan de pérdidas de cientos de miles de dólares.
Los ladrones asaltaron Nordstrom en el centro comercial Westfield de Topanga Canyon en agosto, y el comercio cerró su establecimiento en la emblemática Union Square de San Francisco a principios de año, al parecer debido al aumento de la delincuencia.
Los escaparates vacíos y los cientos de carteles de «se alquila», que antes bullían de turistas que visitaban destinos de compras de alto nivel, conforman ahora el centro de la ciudad, y las tasas de desocupación de oficinas están en máximos históricos.
Los robos de coches se producen con regularidad —casi 23,000 en 2022, según las estadísticas municipales— y los delitos de robo contra la propiedad en San Francisco son más del doble que en 2014, cuando se aprobó la Proposición 47, según los datos sobre delincuencia de la ciudad.
El consumo de drogas al aire libre y la prevalencia de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo crean problemas de seguridad pública, según los residentes, y algunos señalan que la Prop. 47 agrava los problemas de adicción en el estado al permitir que los consumidores y traficantes de drogas actúen sin temor a las consecuencias.
Las detenciones por drogas cayeron en picado con el cambio de ley, pasando de más de 137,000 en 2014 a menos de 21,000 en 2022, según las estadísticas del Departamento de Justicia de California.
Los partidarios de la Proposición 47 señalan el menor número de detenciones como prueba de que la ley está teniendo éxito, y las comparaciones con los picos de delincuencia de principios de la década de 1990 —cuando las detenciones per cápita eran mucho mayores que hoy— se utilizan también para justificar su eficacia.
Los opositores argumentan que los californianos y las empresas están sufriendo a causa de la Proposición 47 y de lo que dicen que son otros fallos políticos que están creando problemas de seguridad pública.
Señalando que la Legislatura está más centrada en la reforma de la justicia penal y en la reducción de las directrices sobre sentencias, el supervisor del condado de San Mateo dijo que cree que los ciudadanos tendrán que exigir el cambio y utilizar su autoridad para crear leyes con una medida electoral.
«El poder está en manos [de los votantes]. Es necesaria una presión continua si queremos ver un cambio real», dijo el Sr. Canepa. «Si la Legislatura estatal no lo hace, entonces los votantes tienen el poder de poner una medida en una papeleta estatal para enmendar la Proposición 47 y hacer que estos sindicatos del crimen rindan cuentas».
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