La larga disputa legal sobre los restos de Francisco Franco terminó este martes con la decisión del Tribunal Supremo español de avalar el plan del Gobierno de exhumarlos del monumento nacional donde están enterrados y llevarlos a un cementerio próximo a Madrid, en oposición a la familia del dictador.
En una decisión unánime de los magistrados de la sala que estudió el caso, el Supremo rechazó el recurso de los nietos de Franco y respaldó el proyecto gubernamental para sacar al dictador, fallecido en 1975, del monumento del Valle de los Caídos y enterrarlo en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a las afueras de la capital española.
La decisión judicial, cuyos detalles se conocerán los próximos días, desestimó también el deseo de los nietos de Franco de que los restos fueran vueltos a enterrar en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, donde la familia posee una sepultura.
El Gobierno español, que dirige el socialista Pedro Sánchez, rechazaba esa pretensión debido a motivos de seguridad, al considerar que la posibilidad de que Franco recibiera homenajes en pleno centro de Madrid podría ser causa de incidentes.
El fallo judicial constituye «una gran victoria de la democracia española», celebró el presidente del Gobierno en funciones, que hizo de la exhumación de Franco una prioridad al llegar al Ejecutivo el año pasado, y que también ha sido respaldada por el Parlamento.
En un mensaje en redes sociales, Sánchez resaltó desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, la «determinación» del Ejecutivo para «reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo».
La exhumación se hará «cuanto antes», afirmó por su parte la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a fin de alejarla lo más posible de la campaña por las elecciones legislativas del 10 de noviembre, que precisamente se convocan hoy.
El Gobierno aún debe superar un último escollo, ya que un juez de Madrid suspendió de forma provisional la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (municipio donde está el Valle de los Caídos) para levantar la losa de la tumba del dictador.
Ese juez -al que el Ejecutivo intentó sin éxito recusar por sus posiciones ideológicas extremas- aceptó a trámite una petición particular que argumentaba que levantar la lápida, de dos toneladas de peso, podría suponer un peligro para los operarios.
La esposa de Franco, Carmen Polo, está enterrada desde 1988 en el cementerio adonde el Gobierno quiere llevar los restos del dictador.
Sin embargo, los nietos del dictador anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional el veto a enterrar los restos donde ellos desean, aunque esto no implica retrasar el cumplimiento de la sentencia del Supremo.
El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, aseguró en unas declaraciones de prensa que los nietos darán «la batalla» hasta el final por «dignidad» y «honor» para evitar la exhumación de su abuelo y su reinhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
Si el Tribunal Constitucional confirma la decisión del Supremo, la última vía de la familia Franco sería acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).
Se calcula que en España hay más de 100.000 personas asesinadas durante el franquismo enterradas en fosas comunes en campos y cementerios.
Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica -que trabaja para localizar a esas personas-, consideró en unas declaraciones televisivas que «un Estado democrático no puede estar pendiente de lo que diga la familia de un genocida».
Franco fue enterrado cuando murió, en 1975, en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que él mismo mandó construir durante la dictadura 50 kilómetros al noroeste de Madrid.
El monumento tiene una basílica excavada en la roca de las montañas de Guadarrama y está coronado por una gigantesca cruz de 150 metros de altura.
En su construcción, que se extendió durante 18 años y concluyó en 1959, trabajaron miles de presos políticos. En el interior de la basílica están los restos de casi 34.000 víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil española (1936-1939), muchos de ellos trasladados allí sin el consentimiento de sus familias.
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