La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó este viernes la liberación del exministro de Obras Públicas Jorge Nieto, condenado en noviembre de 2019 a 12 años de cárcel por delitos de corrupción.
Los jueces constitucionales favorecieron al exfuncionario del Gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009), preso por un millonario desfalco, mediante un hábeas corpus en el que determinaron que durante el proceso penal se violaron los derechos de defensa y libertad del imputado.
Los juzgadores ordenaron «la inmediata puesta en libertad de la persona favorecida, la cual será ejecutada por la autoridad que actualmente esté a cargo del proceso penal respectivo» mientras Nieto «no esté a la orden de otra autoridad por un delito distinto».
El fallo sostiene que en este caso se aplicará a la Fiscalía, por la violación al derecho de defensa, lo establecido en el artículo 245 de la Constitución.
Este señala que «los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos».
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De acuerdo con los jueces constitucionales, «una condena con violación de garantías constitucionales» afecta directamente los derechos constitucionales a ser vencido en juicio y presunción de inocencia, por lo que las privaciones de libertad «son ilegales».
Nieto fue condenado por el delito de peculado a 12 años de prisión y a pagar 12,9 millones de dólares como responsabilidad civil.
Según una de las fiscales el caso, Nieto fue condenado por «haber permitido que un tercero se apropiara de más de 12 millones de dólares» en el marco de la construcción de un bulevar.
La construcción del bulevar, que inicialmente se llamó Diego de Holguín y ahora se conoce como Monseñor Romero, comenzó en 2005 durante el Gobierno de Saca, pero se abandonó hasta que fue concluido por la Administración de Mauricio Funes (2009-2014), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su producto interno bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción.
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