La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró este lunes infundado el recurso de apelación presentado por el presidente Pedro Castillo para anular una investigación preliminar por corrupción contra el mandatario.
A través de la cuenta de Twitter del Poder Judicial, la sala expresó que «declara infundado el recurso de apelación interpuesto por presidente Pedro Castillo» contra la resolución que desestimó un recurso de amparo de derechos presentado por el mandatario para anular la investigación preliminar por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
El mandatario, con quince meses en el cargo, presentó este recurso luego de que el juez Juan Carlos Checkley declarara infundada la «tutela de derechos» que pretendía suspender el proceso que abrió en su contra el ex fiscal general Pablo Sánchez y que continuó su sucesora Patricia Benavides.
Con esta decisión sigue adelante la investigación preliminar de Benavides, que en octubre pasado la envió al Congreso como una denuncia constitucional contra Castillo, quien, según el Ministerio Público, amañó contrataciones de obras públicas para obtener dinero ilícito.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió la denuncia de la fiscal general y la admitió a trámite, razón por la cual deberá pasar a la Comisión Permanente del Parlamento, antes de su eventual debate y votación en el pleno.
El abogado de Castillo Benji Espinoza había expresado en la audiencia de evaluación del recurso, celebrada el pasado miércoles, que en la historia republicana del país «nunca antes se ha investigado a un presidente de la República en funciones»
«¿Por qué a otros expresidentes, también en funciones, no y por qué al presidente Pedro Castillo en funciones sí?», se preguntó.
Espinoza mencionó que, en este caso, hay una «clara violación del principio de la igualdad» y reiteró que la Fiscalía no puede denunciar constitucionalmente al jefe de Estado por delitos que no estén contemplados en el artículo 117 de la Constitución peruana.
«Existe un error en la interpretación del texto 117 que impide que al presidente se le pueda investigar, incluso preliminarmente (…) no por organización criminal, no por tráfico de influencias y mucho menos por colusión», sostuvo el abogado.
Sin embargo, la fiscal suprema Sylvia Sack, rechazó durante la audiencia los alegatos de la defensa de Castillo al considerar que la investigación preliminar «no contradice los límites del artículo 117».
Insistió en la necesidad de investigar al presidente al estar considerado el líder de una presunta organización criminal que, según el Ministerio Público, amañó contrataciones de obras públicas para obtener dinero ilícito.
Tras la denuncia constitucional de la fiscalía, el mandatario pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se active la Carta Democrática Interamericana al sostener que se prepara una «nueva modalidad de golpe de Estado» en su contra y este organismo acordó enviar a Lima una misión de alto nivel que ha empezado este lunes sus encuentros con los tres poderes del Estado.
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