El 22 de junio, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó tres proyectos de ley. Los tres proyectos de ley—el Proyecto de Ley de la Cámara 5, el Proyecto de Ley de la Cámara 233 y el Proyecto de Ley del Senado 1108—apuntan a cómo se discutirán los temas de debate y educación cívica en K-12 y en los colegios y universidades del estado. El proyecto de ley que recibe más atención es el Proyecto de Ley de la Cámara (pdf). Si bien los defensores insisten en que la nueva ley garantizará la «diversidad de puntos de vista» y la «libertad intelectual» en los colegios y universidades de Florida, los críticos dicen que «suena a fascismo» porque exige que «los estudiantes y profesores de Florida registren sus opiniones políticas con el estado».
«El HB 233 exige que los colegios y universidades estatales realicen una evaluación anual de la diversidad de puntos de vista y la libertad intelectual en sus universidades», dijo Jason Mahon, director adjunto de comunicaciones de la Oficina Ejecutiva del gobernador Ron DeSantis, a The Epoch Times. «Esto es necesario porque la libertad de expresión es un componente esencial de nuestra libertad como estadounidenses y nuestras instituciones de educación superior deben defenderla, en lugar de socavarla».
“Para aquellos que argumentan que esto va a ser una lista de verificación de miembros individuales sobre sus creencias políticas”, dijo el representante estatal de Florida, Ray Rodrigues, a The Epoch Times, “aquellas son personas que no han estado prestando atención al proyecto de ley o a la inspiración del proyecto de ley o cómo se ha hecho esto en cualquier otro estado».
Si bien Rodrigues presentó proyectos de ley similares durante sus dos años anteriores como representante estatal, esta fue la primera vez que él defendió una medida de este tipo—como senador del estado de Florida—con éxito a través del Senado de Florida. En cada ocasión, Rodrigues dijo que los demócratas se opusieron porque dijeron que ellos no sabían cómo se utilizarían los datos y los resultados de la encuesta.
“Ese es el objetivo de hacer la encuesta”, insistió Rodrigues. “No se puede hacer una política basada en anécdotas. Debes tener datos sólidos para indicar si hay un problema o no».
Mientras Rodrigues insistió en que una encuesta profesional es la única forma “para determinar si tenemos o no diversidad de puntos de vista, la capacidad de tener libertad de expresión y libertad académica en los campus de colegios y universitarios de Florida”, dicen los críticos que la ley está destinada a intimidar a los profesores y estudiantes por sus opiniones políticas.
Reacciones negativas contra la ley
En su artículo del 23 de junio para Salon—titulado “DeSantis firma un proyecto de ley que exige que los estudiantes y profesores de Florida registren sus opiniones políticas en el estado”—Brett Bachman afirmó que “las universidades públicas de Florida estarán obligadas a encuestar tanto a los profesores como a los estudiantes sobre sus creencias y puntos de vista políticos».
“La intención de la encuesta no está relacionada con el ‘registro de opiniones políticas’”, respondió Mahon. “Sino más bien para recopilar una ‘muestra válida’. Tampoco hay expectativas de que todos los estudiantes o profesores de Florida necesiten participar. Estos requisitos no requieren conocer la identidad del encuestado. Tampoco exigen que todos participen».
De hecho, Mahon dijo que lo único que exige la nueva ley es que la encuesta sea «objetiva, no partidista y estadísticamente válida».
«¡Me suena a fascismo!» La representante estatal demócrata, Anna Eskamani, posteó en Twitter un enlace al artículo de Bachman. «En caso de que se lo pregunte, ¡¡Yo voté NO a este proyecto de ley!!»
«Claramente, ella no comprende la historia o lo que es el fascismo si cree que una encuesta anónima es fascismo», dijo Rodrigues a The Epoch Times.
A pesar de las críticas, Mahon señaló que la idea de realizar una encuesta para evaluar el clima político del campus «no tiene precedentes».
Encuestas similares realizadas en Carolina del Norte en 2004, 2010 y 2016 dieron como resultado la adopción de una ley de libertad de expresión en el campus en 2017, creando el artículo 36 de su estatuto 116.
La Universidad de Colorado realizó una encuesta de clima social (pdf) en 2014.
“Si nos fijamos en cómo hizo esto Colorado, ellos contrataron a una empresa de encuestas profesionales e hicieron que el personal docente trabajara con el comité de la Junta de Fideicomisarios para preparar la encuesta”, explicó Rodrigues. “Luego, la empresa de encuestas profesionales realizó la encuesta. Esa es la inspiración para esto».
Rodrigues agregó que la Universidad de Nebraska, la Universidad de Dakota del Sur y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill realizaron también sus propias evaluaciones.
“Lo interesante de la evaluación de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill fue que esta no fue iniciada por la Junta de Fideicomisarios, como Colorado”, dijo Rodrigues. “Esta no fue iniciada por el organismo del gobierno, como en la Universidad de Nebraska y no fue iniciado por la legislatura, como Dakota del Sur y ahora Florida. En cambio, los profesores conservadores y liberales del campus trabajaron juntos».
En el informe (pdf) “Libertad de expresión y diálogo constructivo en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill”, tres profesores encuestaron a estudiantes universitarios para tener una idea del clima del campus. Los resultados de la encuesta, extraídos de más de 1000 respuestas a cuestionarios por correo electrónico, revelaron que un alarmante 19.2 % de los estudiantes liberales dijeron que creen que sería apropiado «crear una obstrucción, de modo que un presidente del campus que respalde esta idea no pueda dirigirse a una audiencia». Solo el tres por ciento de los estudiantes que se identificaron como conservadores opinaban lo mismo. Otra conclusión preocupante fue que, de los estudiantes universitarios que informaron haber guardado sus opiniones para sí mismos porque temían represalias, casi el 68 % de los conservadores se censuraron a sí mismos de esta manera, junto con aproximadamente el 49 % de los moderados y solo el 24 % de los liberales.
Construyendo datos y hechos
“El estado no se apresura a emitir juicios bruscos sobre las instituciones públicas de educación superior de Florida”, insistió Mahon. “Al firmar este proyecto de ley, el gobernador DeSantis busca datos y hechos, en lugar de narrativas. La creación de esta encuesta requiere un trabajo atento y diligente por parte de la Junta de Educación del Estado y la Junta de Gobernadores».
Preguntado si la encuesta ya existe o si todavía está en etapa de desarrollo, Rodrigues dijo que “eso dependerá de la Junta de Gobernadores”, ya que “ellos son los encargados de realizarla».
“Con estos ejemplos de otros estados, creo que ellos tienen un buen punto de partida”, supuso. Sin embargo, aclaró que ellos no “les ordenaron cómo hacerlo».
“Los únicos requisitos que ponemos para la encuesta en el proyecto de ley es que sea objetiva, no partidista y estadísticamente válida”, explicó. “La encuesta nos dirá cuáles son las respuestas a esas preguntas. Si la respuesta es sí, eso es lo que debemos publicitar y celebrar. Si la respuesta es no, estará en manos de la Junta de Gobernadores determinar si ese es un problema y qué pasos deben tomar para corregirlo.
“Estoy emocionado de que se haya aprobado el proyecto de ley”, concluyó. «Estoy emocionado de que se vayan a realizar las encuestas y que vayamos a obtener esa información».
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