Varios centenares de trabajadores sanitarios de todo el estado de Virginia han perdido sus puestos de trabajo o han sido suspendidos por negarse a cumplir con la orden de vacunación contra la COVID-19.
El gobernador Ralph Northam, demócrata, se unió en agosto a otros estados, como California, Nueva York y Carolina del Norte, al emitir una directiva que obligaba a la mayoría de los trabajadores estatales de Virginia a vacunarse contra la COVID-19, una medida que se aplicaba a más de 120,000 empleados del poder ejecutivo.
Se han fijado otros dos plazos de vacunación obligatoria para los principales sistemas hospitalarios del estado, incluidos Sentara y UVA Health, para el 18 de octubre y el 1 de noviembre respectivamente.
«Cualquiera que no esté vacunado el 1 de noviembre se enfrentará a medidas disciplinarias, incluida la posibilidad de despido», dice un comunicado de prensa de UVA Health.
«Este plazo da a los empleados ocho semanas para vacunarse completamente ahora que la FDA ha aprobado al menos una de las vacunas», dijo Sentara.
Según el Washington Post, las zonas rurales del estado de Virginia, con un mayor número de personas sin vacunar, están experimentando un mayor número de suspensiones, despidos o renuncias de profesionales sanitarios a causa de la vacunación obligatoria.
En Inova, 89 trabajadores sanitarios —menos de la mitad del 1 por ciento de su plantilla— han perdido su empleo o han sido suspendidos por negarse a cumplir los requisitos del sistema. Algo más del 1 por ciento de los trabajadores de Valley Health han sido despedidos por la vacunación obligatoria, informó el Post.
Algunos sistemas sanitarios del estado, alegando el temor a la escasez de personal, no han aplicado la vacunación obligatoria contra la COVID-19.
«En un hospital rural no hace falta que se vaya mucha gente para que tenga un efecto serio en tu hospital», dijo al Post Alan Levine, el CEO de Ballad Health. «Es mucho más fácil reclutar enfermeras en el norte de Virginia que en el suroeste».
Levine dijo que calcula que se perdería entre el 5 y el 10 por ciento de la plantilla de Ballad Health si se impusieran las vacunas contra la COVID-19, la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Por otra parte, J. Stephen Jones, presidente y CEO de Inova, dijo al medio de comunicación que su orden está «basada en una orientación muy sólida y extremadamente clara sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna», y añadió que la política ha ayudado a la contratación.
Alrededor de una docena de estados de todo el país han impuesto la obligación de vacunar a los trabajadores sanitarios de los hospitales, de los centros de atención a largo plazo o de ambos. Aunque algunos permiten exenciones por motivos médicos o religiosos, esos trabajadores suelen tener que someterse a pruebas periódicas.
La Administración Biden también ha anunciado que unos 17 millones de trabajadores de centros de atención sanitaria que reciben Medicare o Medicaid federal estarán obligados a vacunarse completamente contra la COVID-19. Dicha norma aún se está desarrollando.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
