La suspendida fiscal general de Perú, Patricia Benavides, entregará el cargo el próximo lunes, tras denunciar que está siendo sancionada por el máximo órgano de la judicatura por un «complot político» en su contra.
Benavides acusó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no respetar el debido proceso y destacó, en un vídeo difundido en redes sociales, que la resolución «exprés» emitida en su contra tiene «motivaciones políticas que han confluido» para suspenderla «y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan a instalarse en el Ministerio Público».
La JNJ suspendió el miércoles y por seis meses a la fiscal general como parte del proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una red de tráfico de influencias.
«Reafirmo y reitero: no tengo responsabilidad en los hechos imputados a terceras personas y no lidero ninguna organización criminal», expresó Benavides en el vídeo, transmitido por Canal N.
La suspendida fiscal hizo un llamado a los fiscales para que «no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones» que tienen en curso.
De la misma forma, añadió que no se puede «permitir que aquellas manos oscuras que complotaron para lograr esta suspensión detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia».
Benavides acusó a la JNJ de no haber respetado el debido proceso en su caso, a pesar de que ella manifestó el miércoles en una audiencia que se sometería a las investigaciones «siempre y cuando se den las garantías».
La fiscal suspendida siguió el jueves atendiendo a ceremonias públicas y evitó declarar a la prensa, pero su abogado Jorge del Castillo manifestó que su sanción es «una decisión injusta» y «un atropello a la vía democrática».
«Vamos a actuar con los recursos que correspondan», anunció el letrado sobre las medidas que asumirán para rechazar el proceso en su contra.
La Junta explicó el miércoles en un comunicado que la medida cautelar de suspensión preventiva «se da en el marco de procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la señora fiscal Benavides, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final.
El máximo órgano de gobierno de la judicatura detalló que tomó la decisión «en el marco de sus funciones constitucionales» y por unanimidad, con «una «resolución debidamente motivada».
La suspensión a Benavides es en su condición de fiscal suprema del Ministerio Público «y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación».
En tanto, otro abogado de Benavides, Juan Peña, declaró a la emisora RPP que entregará su cargo el lunes porque este jueves y el viernes son festivos en Perú, razón por la cual «es imposible» hacerlo antes.
Sostuvo que tras el anuncio este miércoles de la suspensión temporal de Benavides, van a tratar de obtener «algún informe o algún documento» que les indique cómo va la investigación que se sigue contra asesores de la fiscal general por una presunta red de tráfico de influencias en el Ministerio Público.
Por otro lado, un juez supremo peruano archivó la denuncia que se había presentado contra la ex fiscal general Zoraida Ávalos por una presunta «omisión de funciones», la acusación que llevó al Congreso a inhabilitar a la magistrada del ejercicio de la función pública durante cinco años, y a quien reemplazó Benavides.
La decisión fue tomada por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, que consideró que el hecho imputado no es un delito, precisó el diario El Comercio.
La denuncia había señalado que Ávalos omitió sus funciones cuando en enero de 2022 suspendió, hasta el término del mandato gubernamental, las investigaciones que se hacían por presunta corrupción contra el entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
En junio pasado, el Congreso de Perú suspendió a Ávalos de la función pública por 5 años por haber aplazado esas investigaciones contra Castillo, quien fue destituido hace un año tras intentar dar un autogolpe de Estado.
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