El profesor emérito de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, argumentó que la reciente decisión de un tribunal de Nueva York de suspender la licencia de abogado del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, es errónea e inconstitucional.
«Los tribunales han sostenido durante mucho tiempo que un abogado no tiene derecho a la plena protección de la Primera Enmienda por las declaraciones realizadas en los tribunales. Eso puede ser comprensible porque un abogado tiene una obligación especial de ser franco con los jueces y los jurados», escribió en un artículo de opinión publicado el 28 de junio, días después de que el Tribunal Supremo del estado suspendiera la licencia de Giuliani por las declaraciones que hizo tras las elecciones de 2020.
Dershowitz, sin embargo, dijo que no conoce ningún argumento convincente para negar a cualquier persona, incluido un abogado, la protección de la Primera Enmienda «cuando participa en el mercado de ideas en la televisión, los podcasts u otros medios de comunicación, incluso cuando representa a un cliente».
«Cualquier declaración realizada en ese contexto público puede ser rebatida en el mercado de ideas, por lo que el público no necesita ninguna protección especial frente a las declaraciones realizadas por los abogados», sostiene. «Esto es especialmente cierto cuando las declaraciones se refieren a acontecimientos políticos importantes y controvertidos como unas elecciones».
El tribunal dictaminó el 24 de junio que, dado que Giuliani hizo declaraciones «falsas y engañosas» mientras representaba a la campaña del expresidente Donald Trump, concluyó que la «conducta del demandado amenaza inmediatamente el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía, a la espera de nuevos procedimientos ante el Comité de Agravios a Abogados».
La orden judicial estipuló que la suspensión del exalcalde es temporal y depende del resultado de una audiencia pendiente.
Pero Dershowitz, que también es un preminente abogado penalista, dijo que la decisión del tribunal se basó en un razonamiento vago.
«Las normas en virtud de las cuales se ha suspendido a Giuliani son tan vagas que no pueden satisfacer las normas del debido proceso, especialmente cuando se trata de la expresión pública y se requiere claridad antes de suprimirla», escribió en su opinión, publicada por The Hill. «Si estas normas se aplicaran de forma generalizada y equitativa, miles de abogados serían inhabilitados cada año».
«Conozco personalmente a docenas de abogados que aparentemente han violado estas normas. La mentira y la exageración son demasiado comunes en las negociaciones de clemencia, negociaciones y en la captación de clientes. Y, sin embargo, estos pecados nunca son la base de la disciplina contra los abogados reincidentes», argumentó Dershowitz, afirmando que el Tribunal Supremo de Nueva York convirtió a Giuliani en «víctima de una suspensión selectiva basada en el contenido político de su discurso público».
Aparte de la sentencia del Tribunal Supremo estatal, Giuliani también podría enfrentarse a una posible investigación penal, después de que un juez federal nombrara a una vigilante especial para que revisara el material que se le incautó recientemente. Esta vigilante, la exjueza federal Barbara Jones, determinará qué archivos electrónicos pueden ser vistos por los fiscales y qué material debe quedar exento.
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