El Gobierno de Taiwán pidió este miércoles poder participar en la Asamblea General de la ONU que se celebra entre el 13 y el 26 de septiembre, presentándose como un «faro de la democracia en Asia» y recordando sus éxitos en la lucha contra la covid-19 o el cambio climático.
La petición fue transmitida en un comunicado distribuido mundialmente, y tiene escasas posibilidades de prosperar debido al veto de China, que desde 1971 ocupa el asiento que hasta entonces ocupó Taiwán en nombre de la «República de China», nombre oficial de la isla-estado.
Con cierta frecuencia, Taiwán reclama su regreso a la ONU y las instituciones internacionales, pero la falta de apoyos internacionales -solo catorce países lo reconocen como estado- hace difícil que se materialice su regreso.
Este año, el Gobierno de Taipéi recuerda su labor de prestar apoyo humanitario a los países más golpeados por la covid-19 y posteriormente por la guerra en Ucrania, y subraya que ha enviado más de 550 toneladas de víveres al pueblo ucraniano, más de 40 millones de dólares para los refugiados por la guerra.
Otros argumentos que despliega Taiwán este año son que es la 22 economía más grande del mundo (en PIB), el mayor productor de semiconductores y víctima además de «la creciente intimidación retórica y militar de China».
Con ello, el comunicado se refiere a las maniobras militares realizadas por China en el Estrecho de Formosa tras una polémica visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, un viaje que Beijing interpretó como gesto claro de hostilidad del gobierno de Joe Biden.
Con su llamamiento a participar en la Asamblea General, Taiwán (23.5 millones de habitantes) no aspira a sustituir a Beijing como representante del pueblo chino, sino ganar reconocimiento y visibilidad en las dos semanas de mayor visibilidad en la comunidad internacional.
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