Desde la abrupta retirada de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 —una salida caótica marcada por atentados suicidas que dejaron a 180 víctimas fatales, entre ellas 13 militares estadounidenses— los contribuyentes estadounidenses han canalizado 2500 millones de dólares de ayuda humanitaria a organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, para el empobrecido país.
Nadie sabe cómo se gasta ese dinero, excepto, probablemente, los líderes de los talibanes que gobiernan Afganistán.
Al parecer, eso es aceptable para el gobierno de Joe Biden y su Departamento de Estado, que se ha resistido a los esfuerzos de un cuadro de inspectores generales en 2008 para hacer un seguimiento de las asignaciones de ayuda económica afgana.
«El Departamento de Estado básicamente ha ofuscado, ha retrasado los informes (…) ha ordenado a sus empleados que no hablen con nosotros», declaró John Sopko, Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el 14 de noviembre.
«Nosotros hemos hecho todo lo posible por trabajar con ellos, pero seguimos sin obtener su cooperación», añadió el inspector, señalando que el representante especial para Afganistán, Thomas West, ha hecho caso omiso de «innumerables ruegos para reunirse» con el fin de «compartir información, saber qué está pasando y cuáles son sus problemas para que podamos intentar ayudarles».
La audiencia del panel de la Cámara precedió a un debate posterior relacionado con Afganistán ante el Subcomité de Supervisión y Rendición de Cuentas de Asuntos Exteriores de la Cámara, que recorrió las decisiones de las administraciones de Trump y Biden que condujeron a la calamidad del 26 de agosto de 2021, que puso fin a la guerra afgana de casi 20 años de Estados Unidos. Las audiencias duraron casi seis horas.
«Nosotros no lo sabemos, punto» cómo se está utilizando la ayuda humanitaria, pero la evidencia de múltiples fuentes, incluyendo USAID, indica que «los talibanes la están desviando o de otra manera, beneficiándose», mientras que los beneficiarios previstos no lo están, dijo el Sr. Sopko, que ha dirigido SIGAR desde su creación.
«A muchos les gustaría creer que estamos ayudando a la población afgana sin tener en cuenta a los talibanes. Esto puede considerarse una ficción útil, ya que ignora el hecho de que es imposible eludir por completo al régimen talibán», afirmó el inspector general.
Dado que Estados Unidos no reconoce al gobierno afgano dirigido por los talibanes, asigna la ayuda humanitaria a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y organismos de las Naciones Unidas.
Según Sopko, todas ellas denuncian malversaciones rutinarias y generalizadas por parte de los talibanes.
«Los talibanes presionan a la ONU y a otras ONG para que adjudiquen contratos a empresas afiliadas a los talibanes, para que se asocien con ONG afiliadas a los talibanes y para que no se asocien con otras ONG. Los talibanes han infiltrado agentes de inteligencia en las agencias de la ONU para supervisar su trabajo, facilitar la interferencia y el desvío, y censurar la información al respecto», explicó el inspector. «Los talibanes también recaudan impuestos y otras tasas de los socios ejecutores financiados por la UE [Unión Europea] y Estados Unidos».
Aunque este tipo de hurto «no es exclusivo de los talibanes», dijo el Sr. Sopko, en este caso, «la ayuda estadounidense desviada, ahora puede estar financiando actividades terroristas, además de enriquecer los bolsillos de funcionarios corruptos. Nuestra investigación confirma que quienes controlan las armas controlan la ayuda».
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul ( R-Texas), señaló que Estados Unidos sigue siendo el «mayor donante de ayuda humanitaria a Afganistán», y que él es partidario de hacerlo con garantías que se utilizan según lo previsto. Luego indicó que le preocupaba «que la administración Biden siga una política de compromiso a toda costa» con los talibanes mientras no hace para que la secta, ultrafundamentalista suní, «rinda cuentas por sus crímenes».
Los funcionarios de la administración Biden se reúnen “con los talibanes con frecuencia, los elogian a menudo y envían al azar miles de millones de dólares de los contribuyentes a Afganistán”, dijo el representante McCaul. “A través de estas políticas, la administración Biden prácticamente ha reconocido a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán y, sin embargo, en los últimos dos años, según todos los parámetros, los talibanes no han hecho más que empeorar”.
Los talibanes “son terroristas que imponen edictos teocráticos para oprimir al pueblo afgano, abusar de las mujeres y robar ayuda humanitaria a los afganos hambrientos”, dijo el Sr. McCaul. “Ellos se asocian con organizaciones terroristas como al-Qaeda y Tehrik-e Taliban.
“Bajo el régimen talibán”, continuó el representante, “las mujeres y las niñas describen su vida cotidiana como si estuvieran bajo arresto domiciliario. Se les prohíbe el acceso a lugares públicos y no se les permite viajar fuera de sus hogares sin un acompañante masculino. Afganistán es el único país del mundo donde a las niñas se les prohíbe recibir una educación superior al sexto grado”.
7 mil millones de dólares en armas estadounidenses no contabilizadas
El representante McCaul preguntó qué pasó con los USD 7000 millones en equipo y armas militares que Estados Unidos proporcionó al ejército afgano.
Los talibanes los están “utilizando”, afirmó el Sr. Sopko. «Nosotros sabemos que los están exhibiendo, en particular algunas de las armas más potentes y sofisticadas, incluidos algunos helicópteros, aviones y otros equipos».
No está confirmado “que algunas de esas armas hayan salido de Afganistán”, añadió el inspector. “Solo asumiría, por lo que están haciendo los talibanes, que eso es un mercado de compradores para armas que eran de los estadounidenses”.
El Sr. Sopko dijo que SIGAR tiene reservas sobre unos USD 3500 millones congelados en el banco central de Afganistán, el Da Afganistán Bank (DAB), que en septiembre de 2022 fue transferido al Banco de Pagos Internacionales, con sede en Ginebra, como Fondo para el Pueblo Afgano.
El fondo está regulado por las leyes bancarias suizas, afirmó.
“Yo soy un viejo abogado rural. Solía ser fiscal federal. Pero cuando hablo de Suiza y de financiación, yo no hablo en apertura”, afirmó Sopko. “Entonces, ¿por qué está el dinero ahí? ¿Y por qué seguimos la ley suiza en esto? Entonces, esas son las preguntas que estamos haciendo” en un informe que se completará pronto.
El fondo es administrado por una junta de cuatro miembros, que incluye al Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, Dr. Jay Shambaugh; Alexandra Baumann, jefa de la División de Prosperidad y Sostenibilidad del Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza; el exgobernador del DAB y ministro de Finanzas de Afganistán, Dr. Anwar ul-Haq Ahady; y el Dr. Shah Mohammed Mehrabi, miembro del Consejo Supremo del DAB y alto asesor económico de Afganistán.
SIGAR tiene “serias preocupaciones acerca de una de las personas de la junta directiva”, dijo el Sr. Sopko. “Nosotros hemos encontrado información realmente despectiva sobre esa persona. Yo quiero decir, que sé que tengo súper detectives trabajando para mí, pero esto fue como simplemente hacer una búsqueda en Google», añadió el inspector.
«Pero cuando lo llevamos al Departamento de Estado», agregó el inspector, «ellos dijeron: ‘Nosotros no sabíamos nada sobre eso’. Entonces, una de las preguntas que planteamos es: ‘¿qué tipo de debida diligencia hace usted para nombrar a algunas personas en la junta? Hay otra persona más en la junta que en realidad es miembro del banco central talibán y no hay reglas de conflicto de intereses en esto”.
Buena suerte en obtener respuestas al respecto del Departamento de Estado, dijo el representante McCaul.
“Nosotros invitamos a los testigos del Estado y de USAID. Sin embargo, ellos se negaron a testificar junto al Sr. Sopko y ante SIGAR. Pensé que era desafortunado”, dijo el representante.
El Sr, Sopko coincidió en ello.
“Es una situación incómoda. Yo soy inspector general, nosotros no hacemos políticas”, declaró el inspector general. “Por eso hablo de esta situación como una mala situación. No hay buenas respuestas. No hay buenas alternativas a la hora de brindar asistencia humanitaria en un entorno como Afganistán, solo únicos aprovechados”.
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