A medida que el régimen chino amplía y mejora la tecnología de sus campañas contra la disidencia interna, surgieron acusaciones de que los conocimientos técnicos occidentales ayudaron indirectamente a la represión de parte del régimen comunista.
El 9 de mayo, el senador republicano Marco Rubio por Florida y el representante republicano Chris Smith por New Jersey, que también presiden la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, enviaron una carta al Departamento de Comercio de Estados Unidos en la que expresaban su preocupación por las empresas estadounidenses que vendían tecnología de vigilancia y control del crimen a empresas chinas.
Según el informe de la Comisión sobre la carta enviada, las autoridades chinas “siguen violando la protección internacional del proceso legal debido, la privacidad, la asociación, las prácticas religiosas y las prohibiciones internacionales contra la tortura y la detención arbitraria”.
Citando el ejemplo de la provincia de Xinjiang, Rubio y Smith describieron «el dramático aumento de las actividades de vigilancia de los musulmanes uigures y otras minorías étnicas» que viven en la provincia fronteriza del noroeste de China. Mientras tanto, los legisladores también mencionaron un estudio reciente de Adrian Zenz, un investigador con sede en Alemania que estima que entre 500.000 y 1 millón de uigures fueron detenidos para la “reeducación” en un vasto sistema de campos recién construidos.
La policía patrulla mientras los musulmanes uigures abandonan la mezquita de Id Kah tras la oración de la mañana sobre Eid al-Fitr, en el casco antiguo de Kashgar, en la región china de Xinjiang, el 26 de junio de 2017. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images) En las últimas décadas, a medida que China fue construyendo extensos vínculos económicos con el mundo exterior, el Partido Comunista Chino (PCCh) pudo tener acceso a miles de millones de dólares en tecnología y otros tipos de propiedad intelectual que aumentaron enormemente las capacidades de la policía china.
La carta de Rubio y Smith identificaba a Thermo-Fisher Scientific, una compañía americana con sede en Massachusetts, como la que había vendido “secuenciadores de ADN con microprocesadores avanzados bajo la marca Applied Biosystems (ABI) Genetic Analyzer al Ministerio de Seguridad Pública chino y a sus oficinas de Seguridad Pública en toda China”.
En la carta se instaba al Departamento de Comercio a que aplicara medidas más amplias para impedir que la tecnología pudiera utilizarse para asistir a las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por el régimen chino.
Las relaciones económicas entre Estados Unidos y China son particularmente tensas. Mientras la Administración Trump se prepara para imponer importantes aranceles de importación a Beijing para corregir los desequilibrios comerciales de larga data, el gobierno de Estados Unidos puso en tela de juicio al PCCh por su uso indebido de tecnología avanzada. El mes pasado, el Departamento de Comercio anunció una prohibición de siete años de ZTE – una importante compañía tecnológica china que fue pionera en una ambiciosa red 5G -, por el envío de productos producidos en Estados Unidos a Irán y Corea del Norte a pesar de la imposición de sanciones.
Dictadura digital
En lugar de la gran mayoría de la población china de la etnia Han de 1.200 millones de personas, la provincia de Xinjiang – donde la mayoría de la población practica la fe islámica y pertenece a varios grupos étnicos de Asia Central, – fue una fuente de disturbios religiosos y étnicos desde que el Partido Comunista Chino tomó el poder en 1949.
El PCCh, que promueve el ateísmo y el marxismo, trató al Islam chino con el mismo prejuicio ideológico que utiliza para perseguir a otras religiones. Durante la Revolución Cultural, los musulmanes fueron a menudo atacados y humillados, por ejemplo, al ser obligados a consumir carne de cerdo. En décadas posteriores, los ataques terroristas y otros actos desafiantes contra el régimen chino por parte de radicales musulmanes y separatistas étnicos motivaron a las fuerzas de seguridad del PCCh a llevar a cabo una abrumadora represión.
Según el informe de Adrian Zenz, el régimen chino impuso un nivel de control sin precedentes sobre la población de la provincia de Xinjiang, usando técnicas de lavado de cerebro originalmente ideadas para “transformar” a los practicantes de Falun Dafa, la disciplina espiritual que el PCCh prohibió en 1999 y que desde entonces, hace casi dos décadas, está tratando de erradicar.
Mientras tanto, Xinjiang sirvió como campo de pruebas para sofisticadas formas de vigilancia y control masivo, que fueron posibles gracias a los últimos avances de la tecnología digital.
El avanzado software de reconocimiento facial permite a las autoridades de seguridad pública rastrear los movimientos de casi todas las personas utilizando un amplio sistema de cámaras de seguridad, mientras que sus teléfonos móviles están sujetos a escaneos frecuentes. La policía también recoge sangre y saliva de los residentes de Xinjiang para su almacenamiento en las bases de datos estatales de ADN, así como huellas dactilares y muestras de voz.
Los métodos policiales pioneros en Xinjiang fueron implementados en otras partes de China, donde el draconiano “sistema de crédito social” fue utilizado recientemente para prohibir a las personas con bajas calificaciones que pudieran comprar billetes de avión y tren.
Las grandes empresas tecnológicas chinas respaldadas por el Estado están desempeñando un papel importante en el desarrollo de herramientas policiales digitales.
Como se informó en un artículo publicado el 14 de mayo por The Globe and Mail, una de las empresas que trabaja con las autoridades de seguridad pública en Xinjiang es la empresa de tecnología china Huawei, que recientemente estableció un laboratorio de desarrollo en Urumqi, la capital de la provincia de Xinjiang, en cooperación con la policía local para garantizar “la estabilidad social y la seguridad a largo plazo”.
Un hombre utiliza un teléfono móvil enfrente del stand de la empresa china de telecomunicaciones Huawei en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, España, el 22 de febrero de 2016. (Gen Lluis/AFP/Getty Images)“El hecho de que compañías como Huawei puedan desarrollar tales sistemas en regiones como Xinjiang en conjunto con los servicios de seguridad, y por lo tanto con muy pocas restricciones de privacidad, están ganando una ventaja problemática sobre compañías occidentales comparables”, informó Adrian Zenz, experto sobre Xinjiang en la Escuela Europea de Cultura y Teología en Korntal, Alemania, en una entrevista con The Globe and Mail.
“Además, el hecho de que estos sistemas puedan servir para múltiples propósitos al mismo tiempo, tanto mejorar la eficiencia y la gobernanza de la ciudad como permitir una vigilancia intrusiva, hace que la vigilancia sea más accesible y quizás también más agradable para otras naciones”, remarcó Zenz.
The Globe and Mail mencionando a trabajadores de derechos humanos, señalaron que Huawei, al ser una importante empresa multinacional controlada por las autoridades chinas, podría ayudar a facilitar la expansión de los métodos de “mantenimiento de la estabilidad” del PCCh más allá de las fronteras de China.
“Las tecnologías de vigilancia que se están desarrollando y desplegando hoy en Xinjiang pronto se venderán y promocionarán a nivel mundial”, manifestó William Nee, investigador de Amnistía Internacional, en una entrevista con The Globe and Mail. “Ahora es absolutamente vital que la comunidad internacional adopte una firme postura y se enfrente a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la provincia de Xinjiang como una cuestión de importancia estratégica”.
“Huawei, por ejemplo, promovió un concepto de ‘ciudad inteligente’ que está comercializado en todo el mundo”, informó El investigador Nee a The Globe and Mail, caracterizándolo como una herramienta “para facilitar la planificación urbana y la gestión de servicios vitales como el transporte y la seguridad”.
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