Un proyecto de ley presentado en la legislatura de Tennessee pretende permitir que los maestros no utilicen el pronombre preferido de un alumno si no coincide con su sexo biológico.
Presentado el mes pasado por el senador estatal Mike Bell (R-Riceville), el proyecto de ley, el SB 2777, se aplicaría a todos los empleados de las escuelas públicas y de las agencias locales de educación (LEA, por sus siglas en inglés) y los eximiría de responsabilidad civil por hacerlo.
«Un maestro u otro empleado de una escuela pública o LEA no está obligado a referirse a un estudiante usando el pronombre preferido del estudiante si el pronombre no concuerda con el sexo biológico del estudiante», dice el proyecto de ley.
El proyecto de ley también establece que un profesor o empleado quedaría exento de «responsabilidad civil y acción laboral adversa» si decide referirse a un alumno utilizando el pronombre que coincide con su sexo biológico del alumno en lugar de su pronombre preferido.
El Comité de Revisión Fiscal de la Asamblea General de Tennessee dijo en una nota del 16 de febrero (pdf) que si el proyecto de ley se encuentra en violación de la ley federal, podría poner en peligro la financiación federal para el año escolar 2022-23 y los años siguientes.
La nota hacía referencia a una carta de junio de 2021 del Departamento de Educación de EE. UU. en la que se decía que el departamento considera que la discriminación sexual prohibida por las leyes del Título IX incluye la discriminación basada en la identidad de género.
La comisión también se refirió a una hoja informativa de junio publicada por el Departamento de Educación de EE. UU. titulada «Apoyo a los jóvenes transgénero en la escuela», que pide a las escuelas que adopten políticas «que respeten las identidades de género de todos los estudiantes, como el uso del nombre que lleva un estudiante, que puede ser diferente de su nombre legal, y los pronombres que reflejan la identidad de género de un estudiante».
Si se aprueba, la legislación podría limitar la capacidad de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación del estado para «desarrollar planes de acción correctiva que obliguen a las escuelas a exigir a su personal el uso de los pronombres preferidos por los estudiantes», decía la nota.
El comité concluyó que esta ley podría violar el Título IX y, por tanto, suponer la retirada de fondos federales como consecuencia de ello. El estado recibió más de 5 mil millones de dólares en fondos federales durante el año fiscal 2021-22, según la nota.
El proyecto de ley ha sido remitido a la Comisión de Finanzas, Medios y Arbitrios del Senado del estado, donde se debatirá el 26 de abril.
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