NASHVILLE, Tennessee—Más de dos años después de que Tennessee suspendiera abruptamente la ejecución del recluso Oscar Smith —admitiendo que los funcionarios de prisiones no seguían sus propios protocolos de ejecución—, el estado anunció un nuevo método que podría permitirle reanudar las ejecuciones suspendidas desde mayo de 2022. Pero eso no ocurrirá de inmediato.
El Departamento Correccional de Tennessee anunció en un breve comunicado el viernes que había «completado su revisión al protocolo de inyección letal, que utilizará el fármaco pentobarbital». El Departamento no hizo público inmediatamente el nuevo protocolo ni dio más detalles.
El aplazamiento de la ejecución de Smith en el último momento se produjo después de que Kelley Henry, jefe de la unidad de hábeas corpus del defensor público federal que representa a muchos de los condenados a muerte de Tennessee, solicitara los resultados de las pruebas de pureza y potencia exigidas para los fármacos de la inyección letal que iban a utilizarse con él. Los documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos mostraron posteriormente que al menos dos personas sabían que los fármacos para la inyección letal que el estado tenía previsto utilizar no habían sido sometidos a algunas de las pruebas requeridas. Una revisión independiente posterior encontró que el estado no había cumplido con su propio protocolo de inyección letal desde que fue modificado en 2018.
El comisario Frank Strada se hizo cargo del Departamento Correccional en enero de 2023, el mismo mes en que fueron despedidos su principal abogado y su inspector general.
Al anunciar el nuevo protocolo el viernes, Strada dijo: «Confío en que el proceso de inyección letal pueda proceder de acuerdo con la política departamental y las leyes estatales».
Henry señaló que los condenados a muerte emitieron una demanda que está en proceso en una corte federal que impugna el anterior protocolo de inyección letal de Tennessee, que utilizaba tres fármacos diferentes en serie. Han dejado el caso en suspenso a la espera de que el estado examine y revise el procedimiento. Su acuerdo con el estado les da 90 días para examinar el nuevo protocolo y decidir si modifican su demanda para impugnarlo.
Henry dijo que no deberían fijarse nuevas fechas de ejecución mientras dure su proceso judicial. También señaló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está revisando actualmente el uso de pentobarbital en sus ejecuciones.
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