La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 3er Circuito sostuvo el 16 de noviembre que a los delincuentes no violentos se les puede prohibir la posesión de armas. Es el primer fallo importante de una corte de apelaciones federal aplicando el nuevo estándar de la Corte Suprema en la revisión de los casos de la Segunda Enmienda.
La sentencia de la Corte Suprema dio lugar a muchos nuevos retos legales sobre las restricciones de armas existentes.
La propia sentencia del 3er Circuito se produjo en el contexto de un hombre de Pensilvania que desafió la prohibición después de haber sido condenado por fraude a la asistencia social hace 27 años. En aquel momento se le ordenó pagar una pequeña multa y no fue condenado a prisión.
El 23 de junio, tras una decisión de 6-3 votos redactada por el juez Clarence Thomas para el caso de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York vs. Bruen, la Corte Suprema sostuvo que las restricciones a las armas deben estar profundamente arraigadas en la historia de Estados Unidos si quieren sobrevivir al escrutinio constitucional.
En esa sentencia, el alto tribunal también dijo que existía el derecho constitucional a portar armas de fuego en público para la defensa propia y anuló la ley de Nueva York que exigía que un solicitante demostrara una «causa adecuada» para obtener una licencia para llevar un arma oculta en público.
En el caso del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, Range vs. el Fiscal General de Estados Unidos, expediente judicial 21-2835, un panel de tres jueces dictaminó por unanimidad (pdf) que, debido a que Bryan Range se declaró culpable en 1995 de un delito de fraude a la asistencia social en Pensilvania, al hacer declaraciones falsas sobre sus ingresos para obtener 2458 dólares en cupones de alimentos, se le puede privar del derecho a poseer un arma.
Range fue condenado a pagar 2458 dólares en concepto de restitución, 288.29 dólares en concepto de costas, una multa de 100 dólares y a tres años de libertad condicional, aunque podría haber recibido hasta cinco años de prisión.
Según la Ley Federal de Control de Armas de 1968, las personas condenadas por un delito grave, que se define como cualquier delito castigado con más de un año de prisión, tienen prohibido permanentemente a poseer un arma de fuego.
Cuando Range trató de comprar un rifle de caza, se vio bloqueado porque el sistema federal de verificación de antecedentes marcó su intención de compra. Él presentó una demanda para anular la prohibición, argumentando que la Segunda Enmienda solo permite el desarme de «personas peligrosas», no de delincuentes no violentos, según un resumen proporcionado por The Reload, una publicación de noticias sobre armas.
Range argumentó que su «desarme es incompatible con el texto y la historia de la Segunda Enmienda y, por tanto, es inconstitucional en virtud» de la previa sentencia Bruen, se lee en el dictamen de la corte de circuito.
«No estamos de acuerdo», afirma el dictamen, porque «la historia y la tradición» demuestran que solo las personas que son «ciudadanos respetuosos de la ley y responsables» deben disfrutar del derecho a poseer armas.
Aquellos «que han demostrado su desprecio por el estado de derecho mediante la comisión de delitos graves o equivalentes, sean o no violentos», pierden sus derechos de la Segunda Enmienda, afirma el tribunal. La prohibición del gobierno de que los delincuentes no violentos posean armas de fuego «es coherente con la tradición histórica», según la corte de circuito.
Dichas personas están «categóricamente descalificadas (…) para poseer armas de fuego basado en el juicio de que ciertos individuos eran partes no confiables del pacto social de la nación».
En su opinión, la corte reconoce que algunos de los primeros reglamentos sobre armas, que desarmaban a grupos minoritarios desfavorecidos, como los nativos americanos, los negros, los sirvientes contratados y los católicos, eran «repugnantes» e «inconstitucionales» porque eran abiertamente discriminatorios.
A pesar de esa historia, esas primeras leyes «demuestran que las legislaturas tenían el poder y la discreción para utilizar el estatus como base para el desarme y demuestran que las prohibiciones basadas en el estatus no distinguían históricamente entre miembros de grupos desarmados violentos y no violentos».
El profesor de derecho de Pepperdine, Jake Charles, dijo estar de acuerdo con el razonamiento de la nueva decisión.
«La corte se apoya en un montón de lo que llama leyes históricas ‘repugnantes’ que desarman a la gente por motivos raciales, étnicos, políticos [y] religiosos. Pero señala (lo que me parece claramente correcto) que Bruen *exigía* esta investigación al requerir un enfoque en la historia», dijo Charles en un tuit.
«A menudo esa historia es fea», añadió el profesor.
The Epoch Times se puso en contacto con la Firearms Policy Coalition, que representa a Bryan, para pedirle un comentario, pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
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