Texas ha concedido USD 125 millones en subvenciones a departamentos rurales de sheriff, oficinas de alguaciles y fiscalías para ayudas salariales, según la oficina del Contralor del Estado de Texas.
La legislación bipartidista aprobada durante la sesión legislativa de 2023 designó USD 330 millones en fondos para ser utilizados por las agencias policiales más pequeñas en todo el estado para aumentar los salarios mínimos y comprar equipos.
«Para que la economía de Texas crezca y prospere, debemos asegurarnos de que las familias de Texas se sientan seguras, y eso requiere apoyar a nuestros hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley local que trabajan incansablemente todos los días», dijo el Contralor de Texas, Glenn Hegar, en un comunicado. «Trágicamente, algunas jurisdicciones de agencias gubernamentales están desfinanciando a la policía, sin embargo, afortunadamente, el liderazgo de Texas ha dado un paso adelante con apoyo adicional para las agencias policiales en todo nuestro vasto estado».
El senador estatal Drew Springer es el autor de la legislación, conocida como Proyecto de Ley del Senado 22, que establece subvenciones para los condados elegibles con una población de 300,000 habitantes o menos. Las agencias pueden solicitar la parte restante en 2025.
La oficina del contralor comenzó a aceptar solicitudes para el dinero de la subvención el año pasado y determinó la cantidad que se concederá a cada condado en función de su población. El último día para que las agencias presentaran sus solicitudes era el 31 de enero.
Texas tiene 254 condados, de los cuales 236 tienen una población inferior a 300,000 habitantes, según la estimación del Centro Demográfico de Texas para 2022.
«Más del 94 por ciento de las oficinas de los sheriffs rurales y casi el 86 por ciento de las fiscalías solicitaron estos programas de subvenciones», declaró la oficina del Contralor en un comunicado de prensa.
Las subvenciones de las comisarías oscilaban entre USD 250,000 y USD 500,000.
Las entidades que reciben dinero de la subvención están obligados a utilizar el dinero para aumentar los salarios a los requisitos mínimos — USD 75.000 para los alguaciles, USD 45,000 para alguaciles y diputados, y USD 40,000 para los carceleros— antes de la compra de equipos, incluyendo armas de fuego, vehículos y otros artículos.
Las subvenciones para fiscales oscilaron entre USD 100,000 y USD 275,000.
Escasa contratación de agentes del orden
Las carreras policiales resultan menos atractivas para los trabajadores más jóvenes.
«Ya no es muy atractivo para las generaciones más jóvenes entrar en el mundo de las fuerzas del orden», dijo Michael Lazcano, ayudante del sheriff jefe del condado de Reeves y vicepresidente de la Asociación de Agentes del Orden del Área de Big Bend, al Texas Tribune.
El Departamento de Justicia de EE.UU. encontró retos persistentes en el reclutamiento para las oficinas del sheriff.
Según un estudio de 2022, el número de funcionarios jurados a tiempo completo —174.000— se mantuvo estable entre 1997 y 2020.
Mientras tanto, el número de personal civil se duplicó con creces, pasando de casi 89.000 a 191.000 en el mismo periodo.
Según un estudio realizado por Pamela Metzger, directora ejecutiva del Centro Deason para la Reforma de la Justicia Penal de la Facultad de Derecho Deadman de la Universidad Metodista del Sur, menos del 1 por ciento de los abogados ejercen la abogacía penal en condados rurales de Texas.
Aunque el 8 por ciento de la población de Texas vive en condados rurales, menos del 3 por ciento de los abogados del estado tienen oficinas principales en zonas rurales, según el estudio.
«Mientras que la proporción nacional de abogados por población es de 4:1000, a principios de 2021, más de 100 condados de Texas tenían una proporción de 1:1000», dijo. «En siete condados, no había ningún abogado local. La gran mayoría de estos condados eran rurales».
El estudio también encontró que había 93,347 abogados en Texas en 2021. De ellos, 13,226 eran abogados penalistas, 2701 eran abogados rurales y 846, o menos del 1 por ciento, eran abogados penalistas rurales.
Los nuevos abogados que se gradúan con altos niveles de deuda son menos propensos a considerar la práctica en las comunidades rurales a pesar de las oportunidades de adquirir una valiosa experiencia en juicios, dice Metzger.
«Pocos abogados nuevos están preparados para manejar casos penales de alto riesgo sin una infraestructura establecida que proporcione capacitación y supervisión».
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