El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó este jueves de nuevo a la Administración del presidente Joe Biden, esta vez por supuestamente «alentar la propagación de la covid-19» en la frontera al permitir la entrada al país de inmigrantes que potencialmente pueden tener el covid-19.
La oficina del fiscal estatal indicó que la decisión del Gobierno federal de dejar entrar a inmigrantes y solicitantes de asilo, en su inmensa mayoría menores de edad sin la compañía de uno de sus padres o un tutor legal o familias con niños pequeños, conlleva que se abarroten los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los albergues abiertos por el Gobierno.
En su opinión, esta medida «se aparta» de las reglas establecidas por las autoridades sanitarias de mantener la distancia social, especialmente en ambientes cerrados, y crea una «crisis innegable en nuestra frontera sur», indicó la oficina de Paxton en un comunicado.
«La Administración de Biden ha amenazado la salud de los texanos sin justificación o explicación de sus acciones», señaló.
Por eso se citan el incumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una norma federal que requiere la «detención» de los extranjeros que llegan al país y que pueden transmitir enfermedades que amenacen salud pública.
Paxton aseguró que la ley debe ser aplicada «de inmediato» para garantizar la salud pública y la reapertura de la economía en el país.
Agentes de CBP interceptaron en el mes de marzo a más de 172,000 indocumentados en la frontera, de los que 18,890 fueron menores procedentes de Centroamérica que llegaron solos y cuyo número se incrementó 100 % respecto a febrero.
En el pasado mes de marzo, la Asociación Nacional de Sheriffs también pidió al gobierno de Biden que asegure la frontera y proteja a los estadounidenses dada la creciente preocupación por el incremento de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur.
Dijo la asociación en un borrador de resolución de seguridad fronteriza que lo que complica significativamente los retos a los que se enfrentan la patrulla fronteriza y las fuerzas del orden es la pandemia del COVID-19.
Esta asociación escribió que hasta el 50 por ciento de los inmigrantes ilegales están dando positivo en las pruebas de COVID-19.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero pasado Paxton ha demandado al Gobierno para evitar la suspensión de la política MPP, por la cual los solicitantes de asilo debían esperar en México hasta que se resolviese su pedido, y también de la regla de carga pública, con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.
Y en estas semanas Paxton ya le ganó a Biden una vez en las cortes en cuanto a la medida del mandatario demócrata de detener las deportaciones por 100 días, que fue suspendida por un juez.
El reportero de The Epoch Times Samuel Allegri contribuyó a este artículo.
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