El 20 de septiembre, el estado de Texas demandó al gobierno de Biden por la guía publicada este verano que exige a los empleadores hacer ciertas excepciones para los trabajadores transgénero.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó la demanda (pdf) contra la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la presidenta de la comisión, Charlotte Burrows, y el fiscal general, Merrick Garland. Paxton argumenta que las orientaciones emitidas por la EEOC el 15 de junio de este año «falsean la ley» y que «Burrows ni siquiera tenía autoridad para emitirlas».
«Texas y sus agencias constituyentes, incluyendo el Departamento de Agricultura de Texas (TDA), tienen el derecho soberano de establecer sus propias políticas sobre el uso del baño, los códigos de vestimenta y el uso de pronombres dentro de sus lugares de trabajo», afirma la demanda. «La Guía del 15 de junio es inválida a primera vista».
La EEOC y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El 15 de junio, la EEOC emitió un documento de orientación relacionado con la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Bostock v. Clayton County. La Corte Suprema dictaminó que las protecciones contra la discriminación sexual del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 se aplican a las personas con identidades de género subjetivas.
El Título VII se aplica a todos los empleadores privados con 15 empleados o más. La guía de la EEOC fue más allá del lenguaje del Título VII y se pronunció sobre cuestiones como el acceso de las personas transgénero a los baños y que «utilizar repetidamente el nombre y los pronombres equivocados para referirse a un empleado transgénero» equivale a acoso.
«Los Estados deberían poder elegir la protección de la privacidad de sus empleadores por encima de las opiniones subjetivas sobre el género, y esta guía ilegal pone en peligro a muchas mujeres y niños», dijo Paxton en un comunicado.
«Si la Administración Biden cree que puede obligar a los estados a cumplir con su agenda política, mi oficina luchará contra su intento radical de cambio social. Estos intentos por la puerta trasera de obligar a las empresas, incluido el Estado de Texas, a alinearse con sus creencias es inaceptable».
La demanda sostiene que las orientaciones de la EEOC son arbitrarias y caprichosas y que violan la Primera y la Undécima Enmienda, así como el propio Título VII. Los demandantes alegan además que la comisión violó sus propias normas y no siguió los procedimientos adecuados antes de emitirla.
Paxton pide al tribunal que declare ilegales la guía, que impida a los demandados aplicarlas y que conceda los honorarios de los abogados del estado de Texas.
Un grupo de 20 fiscales generales estatales demandó a la administración Biden en agosto por la emisión de interpretaciones de la decisión del caso Bostock contra el condado de Clayton. Los demandantes, encabezados por Tennessee, argumentaron que la EEOC y el Departamento de Educación se saltaron «los requisitos de procedimiento en su afán de extralimitación, emitiendo ‘interpretaciones’ de la ley federal contra la discriminación mucho más allá de lo que permite el texto legal, los requisitos reglamentarios, los precedentes judiciales y la Constitución», según la demanda (pdf).
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