El estado de Texas presentó el 22 de abril una acción legal contra la Administración del presidente Joe Biden, instando a un tribunal federal a posponer o bloquear el inminente fin de los poderes de emergencia para la frontera.
Los poderes, conocidos como Título 42, se impusieron durante la Administración Trump y se prorrogaron repetidamente. Estos permiten a las agencias de aplicación de la ley de inmigración expulsar rápidamente a muchos inmigrantes ilegales debido a la preocupación de que los inmigrantes sean portadores del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa el COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) determinaron el 1 de abril que el Título 42 ya no es necesario y que la orden que habilita los poderes terminará el 23 de mayo. La decisión ha sido respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Casa Blanca.
En una moción de urgencia, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que el gobierno violó la ley federal que exige ciertas acciones al emitir o anular normas, como aceptar comentarios del público.
Además, el hecho de que el gobierno ponga fin al Título 42 mientras mantiene en vigor otras órdenes de la época de la pandemia, como la que exige que todas las personas que entren por los puertos de entrada en las fronteras del norte o del sur hayan recibido la vacuna contra COVID-19, «revela incoherencias inexplicables e irracionales», escribió Paxton, un republicano.
«Sencillamente, no hay ninguna base para imponer a los inmigrantes y visitantes autorizados un nivel de exigencia mayor que el de los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos», dijo.
Si no se retrasa la fecha de finalización del Título 42, Texas se enfrentará a elevados costes sanitarios debido al mayor número de extranjeros ilegales con COVID-19 que habrían sido expulsados en virtud del Título 42, afirman los demandantes.
El Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios. Los CDC no respondieron a una solicitud de comentarios.
En su orden para justificar el fin del Título 42, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, alegó que la medida se tomó porque los casos de COVID-19, las hospitalizaciones y las muertes se han desplomado desde enero y debido a «una mayor disponibilidad de herramientas para luchar contra el COVID-19 (como vacunas y terapias altamente eficaces)».
La lista actual de vacunas contra el COVID-19 protege poco contra la infección y la transmisión del virus del PCCh, mientras que algunos de los tratamientos autorizados han perdido eficacia o son ineficaces contra las variantes más recientes del virus.
Arizona, Luisiana y Misuri presentaron una demanda contra la administración por su intento de acabar con el Título 42 poco después del anuncio de Walensky. Posteriormente se les unieron Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Idaho, Montana, Misisipi, Nebraska, Oklahoma, Ohio, Carolina del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
En una presentación esta semana, los fiscales generales dijeron que los abogados del gobierno les confirmaron que la utilización de los poderes de emergencia ya está terminando, e instaron al tribunal a bloquear temporalmente a la administración para que lo haga hasta que se resuelva el caso.
«Es muy probable que los estados demandantes ganen en cuanto al mérito de sus reclamaciones y es necesario un desagravio temporal para mantener el statu quo y evitar daños sustanciales a los intereses soberanos, cuasisoberanos y de propiedad de los estados demandantes», dijeron.
Blas Nuñez-Neto, subsecretario en interino de Política Fronteriza y de Inmigración del DHS, confirmó que la agencia ha comenzado a cambiar la forma de procesar a algunos inmigrantes ilegales.
«Como parte de los esfuerzos para preparar el levantamiento definitivo del Título 42, el DHS ha comenzado en las últimas semanas a aumentar el uso de la expulsión acelerada para algunos adultos solos elegibles para la expulsión que, de otro modo, serían expulsados de conformidad con el Título 42», dijo en una declaración jurada. La expulsión acelerada significa que un inmigrante puede solicitar asilo y recibir una entrevista antes de ser expulsado.
Pero el gobierno dijo que el tribunal no debería conceder la solicitud de los estados, argumentando que la fecha de finalización de los poderes de emergencia se fijó para el próximo mes porque la administración debe tomar medidas para preparar la situación fronteriza para volver a la normalidad.
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