Una corte de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente una orden emitida esta semana que exigía al gobernador de Texas, Greg Abbott, retirar una barrera de boyas flotantes de 1000 pies desplegada en Río Grande como parte de los esfuerzos para disuadir a los inmigrantes ilegales de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.
La decisión del 7 de septiembre fue tomada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, compuesto por un panel de tres jueces, dos demócratas y un republicano, según los documentos de la corte (pdf).
La sentencia del jueves autoriza al estado a mantener la barrera en su lugar mientras se resuelve el caso en los tribunales.
La barrera de boyas flotantes y giratorias, de entre cuatro y seis pies de altura cada una, está instalada cerca de la ciudad de Eagle Pass desde julio como parte de la Operación Lone Star de Abbott, una iniciativa de varias agencias para disuadir los cruces ilegales y evitar el contrabando de personas a través de la frontera.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de la administración Biden demandó rápidamente a Texas por la barrera flotante en el mismo mes de julio, alegando preocupaciones humanitarias y medioambientales y argumentando que incluso interrumpen la navegación y se instalaron sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Los funcionarios de la administración Biden sostuvieron además que las boyas flotantes pueden dañar las relaciones con México y violan la ley federal y los tratados con México.
La orden del jueves se produjo un día después de que el juez David Ezra, nombrado por el presidente Ronald Reagan, emitiera una orden preliminar exigiendo a Texas que trasladara las boyas a un terraplén en el lado texano del río —y que cubriera el costo del traslado— antes del 15 de septiembre.
La barrera es una «amenaza para la vida humana»
En su orden (pdf) el juez escribió que hay «pocas dudas de que la barrera flotante de Texas de 1000 pies de largo y cuatro pies de ancho, anclada con cableado metálico a pesados bloques de hormigón en el lecho del río, constituye una obstrucción a la navegación del Río Grande».
«La corte considera que la amenaza de la barrera para la vida humana, su perjuicio para la navegación libre y segura y su contraindicación para el equilibrio de prioridades que el Congreso estableció en la RHA pesan más que el interés de Texas en implantar su barrera flotante en el río Grande», escribió el juez.
«El daño a la navegación es claramente evidente a partir de las pruebas presentadas, mientras que el estado de Texas no presentó ninguna prueba creíble de que la barrera de boyas, tal como fue instalada, haya reducido significativamente la inmigración ilegal a través del río Grande».
El juez Ezra también expresó su preocupación de que las acciones de Texas pudieran perjudicar aún más las relaciones entre Estados Unidos y México, señalando que la barrera «ya ha supuesto una enorme tensión» en «una de las asociaciones más importantes, dinámicas y con mayor impacto económico del mundo».
«Se prohíbe a los demandados y a cualquiera que trabaje en su nombre construir o colocar nuevas boyas, bloqueos o estructuras de cualquier tipo en el río Grande hasta que se dicte sentencia definitiva en este asunto», afirma la orden.
Sin embargo, los abogados de Texas argumentaron en una presentación judicial (pdf) el jueves que la medida cautelar debe ser retirada, citando la crisis migratoria en curso y la autoridad de Texas para defenderse de lo que describió como una «invasión de un cártel transnacional criminal».
La frontera se defiende de la «invasión de los cárteles criminales»
«Estados Unidos no defendió las fronteras de Texas, lo que llevó a que millones de individuos y cientos de millones de dosis mortales de fentanilo, a menudo traficadas por cárteles criminales transnacionales, entraran ilegalmente en Texas y Estados Unidos», escribieron los abogados del estado.
«En consecuencia, el estado declaró un desastre de seguridad fronteriza y colocó un sistema de boyas de aproximadamente 1000 pies de largo en el Río Grande para evitar el tráfico de personas y drogas en el estado, violando la ley federal y de Texas. Las boyas casi han eliminado los cruces ilegales de personas y drogas por donde se han colocado», añadieron ellos.
Los abogados del estado también argumentaron que Texas tiene «clara autoridad constitucional para defender su territorio».
«Las boyas se desplegaron en virtud de la autoridad constitucional del gobernador para defender Texas de la invasión del cártel transnacional criminal», escribieron los abogados del estado. «Mover las boyas exacerba los peligros para los migrantes atraídos a cruzar la frontera ilegalmente, y para los texanos perjudicados por el tráfico de personas, el contrabando de drogas y la violencia incontrolada de los cárteles», concluyeron.
El Sr. Abbott aún no ha hecho comentarios sobre la última sentencia, pero prometió el miércoles no dar marcha atrás en lo que respecta a la seguridad de la frontera.
«Nosotros seguiremos utilizando todas las estrategias para asegurar la frontera, incluido el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Texas y de tropas del Departamento de Seguridad Pública y la instalación de barreras estratégicas», dijo el gobernador.
«Nuestra batalla para defender la autoridad soberana de Texas para proteger vidas del caos causado por las políticas de fronteras abiertas del presidente [Joe] Biden no ha hecho más que empezar. Texas está preparada para llevar esta lucha hasta la Corte Suprema de Estados Unidos», añadió Abbott.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para recabar sus comentarios.
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