El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que rechaza una petición de la Administración Biden para ayudar a realizar tests y a poner potencialmente en cuarentena a los inmigrantes ilegales para detectar el virus del PCCh en la frontera entre Estados Unidos y México.
En un comunicado, el gobernador republicano dijo que la seguridad fronteriza es «estrictamente una responsabilidad federal».
«El gobierno federal es el único que tiene la responsabilidad de hacer tests, examinar y poner en cuarentena a los inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera y que pueden tener la COVID», dijo el jueves.
El virus del PCCh (Partido Comunista Chino), también conocido como nuevo coronavirus, causa la enfermedad COVID-19.
«En lugar de hacer su trabajo, la Administración Biden sugirió que no tenía los recursos suficientes y, sorprendentemente, pidió a Texas que les ayudara en su programa de inmigración ilegal», añadió. «Texas se negó. No ayudaremos a un programa que convierte a nuestro país en un imán para la inmigración ilegal».
«El acto desmedido de la Administración Biden de liberar a los inmigrantes ilegales con COVID en nuestro estado pone en riesgo la vida de los tejanos y de los estadounidenses», dijo Abbott.
Antes del comunicado de Abbott, The Washington Post había informado, citando fuentes anónimas, que la Administración Biden quería utilizar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en el sur de Texas para gestionar la afluencia de inmigrantes ilegales, para someterlos a tests y potencialmente ponerlos en cuarentena antes de que sean liberados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Abbott dijo en otras declaraciones que la Administración de Biden «está liberando imprudentemente a cientos de inmigrantes ilegales que tienen COVID en las comunidades de Texas», y pidió a la administración que se detenga.
La noticia se produce cuando más de 100 inmigrantes ilegales liberados en Texas dieron positivo por virus del PCCh. Felipe Romero, un portavoz de Brownsville, Texas, dijo a Fox News que desde el 25 de enero, cuando se iniciaron los tests rápidos, 108 inmigrantes dieron positivo por virus del PCCh. La cifra representa alrededor del 6.3 por ciento del total de migrantes indocumentados que se sometieron al test rápido en la estación de autobuses de Brownsville, dijo el funcionario.
Romero añadió que la ciudad no tiene autoridad para impedir que los inmigrantes que den positivo por virus del PCCh viajen a otros lugares de Estados Unidos, aunque los funcionarios les han aconsejado, entre otras cosas, que hagan cuarentena y sigan las directrices sanitarias federales.
Cuando le preguntaron sobre lo que está haciendo el gobierno federal para hacer tests a los inmigrantes ilegales que vienen de México, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: «Cuando los inmigrantes son colocados en alternativas a la detención, su test de COVID-19… nuestra política es que el test de COVID-19 se haga a nivel estatal y local, y con la ayuda de las ONG y los gobiernos locales (…) antes de que sean trasladados para ir a quedarse con familiares u otras personas que puedan conocer mientras se adjudican sus casos».
«En general, nuestro enfoque y nuestra política es trabajar con los gobiernos locales, trabajar con las ONGs para asegurar —tener tests— asegurar que estos migrantes sean examinados. Y eso puede tener lugar, en el sentido de que se pueden tomar medidas para el aislamiento, la cuarentena y la atención médica en caso de que sea necesario», dijo Psaki.
Estados Unidos, bajo la Administración de Biden, está registrando un aumento de inmigrantes ilegales en la frontera en los últimos meses. Según un informe reciente, más de 1600 inmigrantes ilegales fueron detenidos en tres días en un solo sector de la frontera de Texas.
En otro informe reciente, un gran número de inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México fueron fotografiados con playeras de Biden y sosteniendo pancartas en las que se pide al presidente Joe Biden que les permita entrar en Estados Unidos.
Biden ha deshecho una serie de políticas de inmigración de la era Trump desde que asumió el cargo, incluyendo la detención de la finalización del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, que está casi construido, y la reversión de la prohibición de Trump de viajar desde siete países propensos al terrorismo.
Biden también revivió el proceso de «captura y liberación» que permite a los inmigrantes ilegales que solicitan asilo permanecer en Estados Unidos mientras esperan a que sus casos de asilo sean adjudicados, por muchos años que eso pueda llevar. Ese proceso se había terminado bajo la Administración Trump.
Biden también ha presentado al Congreso un amplio paquete migratorio que ofrece una vía de legalización a unos 11 millones de inmigrantes ilegales que ya están en el país. A partir del jueves, los demócratas pospusieron los planes para una votación sobre el proyecto de reforma migratoria de Biden, informó Politico.
Los republicanos de la Cámara de Representantes pidieron el jueves una audiencia sobre la respuesta del gobierno de Biden a lo que, según ellos, es un «fuerte aumento de niños extranjeros no acompañados» en la frontera.
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