Texas se ha unido a una coalición multiestatal que ha impugnado una prohibición a las «armas de asalto» en California. Dicha prohibición sigue en vigor después de que un tribunal de apelación dejara en suspenso un falló a favor de que la Ley de Control de Armas de Asalto Roberti-Roos de 1989 (AWCA) viola la Segunda Enmienda.
Ken Paxton, fiscal general de Texas, dijo en un comunicado de prensa que su estado se había unido a otros 21 estados en un escrito legal (pdf) en el caso de Miller contra Bonta, exigiendo que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, con sede en San Francisco, confirme la decisión de un tribunal inferior de anular la prohibición de lo que California describe como rifles ilegales de estilo militar.
«Los estados no tienen derecho a dictar lo que es ‘necesario’ o ‘innecesario’ cuando se trata de derechos constitucionales, y demonizar ciertos rifles que se usan ampliamente en todo el país es una infracción a la Segunda Enmienda», dijo Paxton en el comunicado.
Paxton se opuso a la etiqueta de «armas de asalto», diciendo que se trata de «rifles modernos», los cuales se utilizan normalmente para la protección personal, así como para tiro al blanco y actividades deportivas.
“De hecho, California ha admitido que la mayoría de las armas utilizadas en tiroteos masivos se obtuvieron legalmente y que muchos ciudadanos respetuosos de la ley poseen rifles modernos para protección personal. No podemos permitir que está clara extralimitación restrinja inconstitucionalmente los preciados derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses”, agregó.
El 4 de junio, el juez de distrito, Roger Benítez, dictaminó que la prohibición de las llamadas «armas de asalto» en California, desde hace décadas, viola la Segunda Enmienda.
El gobierno estatal, a través de la ley, «prohíbe toda una clase de armas de fuego muy populares que son legales bajo la ley federal y bajo las leyes de la mayoría de los estados y que son comúnmente poseídas por ciudadanos respetuosos de la ley para propósitos legales», escribió Benítez en su fallo de 94 páginas en el caso Miller v. Bonta.
“Esta ley no puede sobrevivir si se la analiza detalladamente”
Sin embargo, el 10 de junio, el fiscal general de California, Rob Bonta, apeló el fallo de Benítez, que calificó como «decepcionante» y «chocante».
«Creo que podemos estar de acuerdo en que la decisión fue decepcionante, como el razonamiento de equiparar las armas de asalto a las navajas suizas. Las falsas afirmaciones de que las vacunas COVID-19 han matado a más personas que los tiroteos masivos, fueron chocantes», dijo Bonta en una conferencia de prensa en ese momento.
En el fallo que revocó la prohibición de California, Benítez escribió que “la evidencia descrita hasta ahora prueba que el ‘daño’ de un rifle de asalto en un tiroteo masivo es un evento infinitesimalmente raro. Más personas han muerto por la vacuna COVID-19 que por tiroteos masivos en California”.
El 22 de junio, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictó una suspensión a la orden de Benítez, dejando la prohibición de las «armas de asalto» de la AWCA pendiente de apelación.
La AWCA prohíbe la fabricación, uso o venta de un «arma de asalto», definida como un rifle semiautomático con ciertas características, como un cargador fijo que tiene la capacidad de contener más de 10 rondas. Las personas que violen las leyes pueden ser acusadas de un delito mayor o menor y enfrentar sentencias de prisión de hasta ocho años.
Benítez, en su fallo, argumentó que “este caso no se trata de armas extraordinarias que se encuentran en los límites exteriores de la protección de la Segunda Enmienda. Las «armas de asalto» prohibidas no son bazucas, obuses ni ametralladoras. Esas armas son peligrosas y únicamente útiles para fines militares».
“En cambio, las armas de fuego consideradas ‘armas de asalto’ son rifles modernos, bastante comunes y corrientes. Este es un caso promedio sobre armas promedio usadas de manera promedio para propósitos promedio”, dijo Benítez.
El escrito de amicus, al que se ha sumado Texas, dice que la ley de California es draconiana, y argumenta que debido a que los tipos de armas de fuego que la ley considera «armas de asalto» son «comúnmente utilizados por millones de ciudadanos respetuosos de la ley para una miríada de propósitos legales», la prohibición «golpea el núcleo de la Segunda Enmienda».
Además de California, otros seis estados han impuesto prohibiciones a las llamadas «armas de asalto».
Isabel Van Brugen contribuyó a este artículo.
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