Al menos cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) de Texas que operan en la frontera sur de EE.UU. han sido objeto de escrutinio por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, por su papel en la ayuda a inmigrantes ilegales en los últimos meses.
La última acción se refiere a las peticiones presentadas por la oficina del fiscal general para interrogar a funcionarios de Catholic Charities of the Rio Grande Valley (CCRGV) y Team Brownsville Inc.
La oficina del fiscal general podría cerrar las ONG si demuestra que han infringido la ley.
A principios de este mes, un juez de El Paso, Texas, desestimó la demanda del Sr. Paxton que pretendía cerrar Annunciation House, una ONG católica, por considerar que facilitaba la inmigración ilegal.
La oficina del Sr. Paxton sostiene que es ilegal «alentar o inducir» a una persona a entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos y que ocultar, albergar o proteger a una persona para que no sea detectada es también una violación de la ley federal.
En diciembre de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió que se investigara si las ONG podían haber planificado y ayudado a cruzar ilegalmente la frontera a ambos lados de la frontera entre Texas y México.
Las ONG han ofrecido tradicionalmente ayuda humanitaria a los extranjeros ilegales, pero Abbott y otros republicanos se preguntan si algunas organizaciones han cruzado la línea de la «orquestación ilegal» de cruces fronterizos.
También en 2022, el congresista Lance Gooden (R-Texas) presentó el Proyecto de Ley para Acabar con la Financiación Federal de la Trata y el Contrabando de Seres Humanos «para desfinanciar a las organizaciones estadounidenses sin ánimo de lucro que son cómplices del contrabando de personas y agravan la crisis fronteriza», lo cual fue señalado en los documentos judiciales del estado en torno a su investigación de las ONG.
En una carta al Sr. Paxton, el gobernador destacó la necesidad de que Texas responda a la crisis fronteriza, de la que culpó a la administración Biden.
Desde 2021, unos 10 millones de inmigrantes de todo el mundo han entrado ilegalmente en Estados Unidos. La administración Biden derogó las políticas de la era Trump que frenaban la inmigración ilegal, como «Permanecer en México», que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México durante los procedimientos de inmigración.
Muchos demócratas han dicho que creen que la inmigración es positiva para la economía de Estados Unidos y que es un derecho humano.
«Necesitamos inmigrantes en este país», dijo en enero el representante demócrata Jerry Nadler (D-N.Y.) durante una audiencia sobre inmigración del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes.
Dijo que las verduras «se pudrirían en el suelo si no las recogieran los inmigrantes, los inmigrantes ilegales».
«El hecho es que la tasa de natalidad en este país está muy por debajo del nivel de reemplazo», dijo el Sr. Nadler.
El 17 de julio, los abogados de Catholic Charities en el sur de Texas pidieron a la corte bloquear la solicitud de deposición del estado, llamándolo una «expedición de pesca en un estanque donde nadie ha visto nunca un pez».
David Garza, un abogado de Brownsville que representa CCRGV, dijo que el estado no pudo demostrar que era necesaria una deposición, según documentos judiciales obtenidos por The Epoch Times.
«La investigación del fiscal general sobre el CCRGV se basa únicamente en la prestación de servicios caritativos a los solicitantes de asilo por parte del CCRGV por motivos religiosos, lo que no viola ninguna ley», escribió.
La petición del Estado carece de pruebas que justifiquen una declaración, según el Sr. Garza.
CCRGV es una de las ONG más destacadas que operan en la frontera de Texas. Durante las oleadas de cruces ilegales, proporciona refugio y alimentos hasta a 2000 personas al día.
En mayo, la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva del CCRGV, prestó declaración jurada con la esperanza de evitar una declaración formal.
El Centro de Respiro Humanitario de la ONG en McAllen es para inmigrantes ilegales liberados por agentes de la Patrulla Fronteriza o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, declaró.
CCRGV se pone en contacto con los patrocinadores de los inmigrantes ilegales para organizar el viaje a su destino final, dijo.
«Mientras esperan a que su patrocinador les compre los boletos de autobús o de avión, los solicitantes de asilo reciben comida caliente, agua, ducha caliente y atención médica si la necesitan», escribió.
La seguridad y el personal se pagan mediante subvenciones del Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia del gobierno federal, administrado por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, según el comunicado.
Los abogados de CCRGV dijeron que una deposición no era necesaria porque el grupo ya había entregado más de 100 páginas de documentos a los investigadores estatales.
El juez de distrito del estado, J.R. Flores, dijo que probablemente se pronunciaría sobre la solicitud de declaración del estado esta semana.
El 8 de julio, la oficina del fiscal general presentó otra solicitud para deponer a un representante de Team Brownsville en el condado de Travis, según los registros judiciales. La oficina del fiscal general afirmó que la operación fronteriza de la ONG «ayuda a los inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos» y cuestionó el uso del dinero de la subvención en México.
Team Brownsville realiza trabajos en México y ha formado parte de los esfuerzos de ONG estadounidenses y mexicanas para prestar apoyo humanitario a los inmigrantes, según los documentos judiciales.
La decisión de destituir a los administradores de la ONG se produce poco después de una sentencia de julio que impidió al Estado cerrar Annunciation House de El Paso, que atiende a inmigrantes.
Dado que Annunciation House supuestamente daba cobijo a inmigrantes independientemente de su situación legal, el Sr. Paxton dijo que facilitaba la inmigración ilegal y el contrabando de personas y que gestionaba un escondite, que es un edificio que oculta drogas, armas de fuego o inmigrantes ilegales.
El juez de distrito Francisco X. Domínguez calificó de «indignante e intolerable» la acusación del Estado de que el refugio anima a los inmigrantes a entrar ilegalmente en el país, según los documentos judiciales.
El juez Domínguez dictaminó que los intentos del Sr. Paxton para hacer cumplir una citación para los registros de los que cruzan la frontera ayudados por Annunciation House en los últimos años violaban los derechos constitucionales del refugio.
«El expediente ante esta corte deja claro que el uso por parte del fiscal general de Texas de la solicitud para examinar los documentos de Annunciation House fue un pretexto para justificar su acoso a los empleados de Annunciation House y a las personas que buscan refugio», dijo el juez en su sentencia del 1 de julio.
El Sr. Paxton anunció que recurriría la desestimación de su demanda, alegando que Annunciation House «facilita directamente la inmigración ilegal».
El Sr. Paxton dijo que la ONG ha admitido ante la corte que «sus empleados entran en México para recuperar extranjeros, incluidos extranjeros a los que la Patrulla Fronteriza ha denegado la entrada, para traerlos a Estados Unidos».
El fiscal general sostiene que el director ejecutivo de Annunciation House admitió bajo juramento que no dejaría entrar a las fuerzas del orden en las instalaciones, alegando que la presencia de éstas «asustaría» a los extranjeros ilegales.
Ni el Sr. Garza, que representa a CCRGV, ni los abogados del Texas Civil Rights Project, que representan al Team Brownsville, respondieron a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Con información de Associated Press.
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