Un presunto tiroteo entre pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador se saldó este domingo con tres muertos y 10 detenidos, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
«En el enfrentamiento fallecieron tres pandilleros y fueron capturados más de 10 miembros de la estructura MS13 con niveles de homeboy (miembros), palabreros (cabecillas) y gatilleros (sicarios)», publicó el titular de la cartera de Seguridad en sus redes sociales.
La PNC señaló que estas personas «murieron tras atacar a nuestros equipos» y fueron identificados como Nelson Omar Orellana, Francisco Antonio Larín y Jorge Leonidas Arias.
Agregó que la reyerta se registró en una zona rural del municipio de San Antonio del Monte, del occidental departamento de Sonsonate.
«Nuestros equipos están ilesos. Los pandilleros estaban en un campamento clandestino y al percatarse de la presencia policial, dispararon», agregó la institución policial.
El gobierno de Nayib Bukele se encuentra en una «guerra contra las pandillas», que tiene como base principal un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Las autoridades reportan unas 45,000 detenciones en más de 100 días de vigencia de la medida, cuestionada por organismos humanitarios por las más de 3000 denuncias de violaciones a derechos humanos registradas, entre estas por detenciones arbitrarias y tortura.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), los tribunales salvadoreños han ordenado que 38,562 personas sigan en prisión mientras enfrentan un proceso penal en su contra.
El mandatario salvadoreño ha señalado que se está cerca de ganar la «guerra contra las pandillas» con esta medida, que se ha visto acompañada de reformas penales para endurecer las condenas contra los pandilleros.
A inicios de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
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