Todas las condenadas pronunciadas en Nicaragua en relación con las manifestaciones contra el régimen fueron contra ciudadanos que participaron en estas protestas, con la excepción de un guardia privado que además fue amnistiado, revela un informe difundido hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
«A las personas que participaron en las protestas, montaron piquetes, levantaron barricadas, recaudaron dinero y provisiones en apoyo a los manifestaciones o dispararon morteros caseros contra las fuerzas de seguridad se les acusó de forma desproporcionada», denuncia el documento elaborado por el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.
Las acusaciones variaron entre terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro y crimen organizado en una secuencia de manifestaciones que costaron la vida a más de 300 personas, mientras que 2000 resultaron heridas como resultado en muchos casos del uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
El informe será presentado por la propia Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo día 10 y en la jornada siguiente la delegación diplomática de Nicaragua tendrá la ocasión de reaccionar al mismo.
La investigación cubre el periodo del 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto pasado y aborda la violencia no sólo policial, sino también de elementos armados favorables al régimen y que utilizaron armas diversas -incluidas las de fuego- contra ciudadanos considerados opositores en fechas tan recientes como el pasado junio.
El periodo analizado, lejos de haber sido de reconciliación, sirvió para que los mecanismos de represión se consolidaran, dejando atrás cualquier esperanza de alternancia política y de respeto de las libertades fundamentales, que eran dos reivindicaciones mayores durante las manifestaciones que se iniciaron en abril de 2018.
Entre las cerca de 200 entrevistas que el organismo de Bachelet realizó para sustentar su informe figura la de un exmagistrado supremo que admitió que «los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas y los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno».
De manera general, se observó que las autoridades «violaron el derecho a la presunción de inocencia de la mayoría de detenidos», se negó a numerosos abogados revisar los expedientes de sus clientes y en muchos casos, aunque las acusaciones fiscales no eran consistentes, los jueces las aceptaban.
El régimen de Nicaragua continuó reprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado el pasado febrero un proceso de diálogo con la oposición que ha resultado infructuoso y que ahora está paralizado.
«El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia», asegura el informe.
Como ejemplo, se relata un hecho ocurrido el pasado junio, cuando elementos progubernamentales atacaron con el consentimiento de agentes de la policía a los asistentes a un servicio religioso por el primer aniversario del asesinato de un adolescente en una manifestación.
Durante el periodo analizado, los principales grupos civiles creados tras iniciarse la crisis en Nicaragua fueron objeto de ataques, lo que se suma a las medidas que el régimen tomó contra reconocidas ONG que operaban desde antes.
A nueve de ellas la Asamblea Nacional -dominada por el partido en el poder- canceló el registró legal, y aunque seis han impugnado esta decisión, las esperanzas de ganar la causa son reducidas considerando las evidencias de falta de independencia judicial que figuran en la investigación.
Este es el segundo informe que la oficina de Bachelet publica sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, tras uno publicado hace un año que provocó la ira del régimen de Daniel Ortega, que procedió a expulsar a los representantes del organismo que se encontraban en el país.
En ambas ocasiones, los investigadores de la ONU recibieron y analizaron informaciones de fuentes tanto del régimen como independientes, y para el que ha sido difundido hoy se enviaron 37 comunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, de las cuales solo seis fueron respondidas.
Aunque la ONU agradeció esas respuestas, señaló que la información que recibió carecía de «precisión».
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