Trabajadores del poder judicial de al menos 15 estados mexicanos iniciaron este lunes un paro indefinido en protesta por la iniciativa de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Jueces, ministros, magistrados y empleados del poder judicial suspendieron labores y se congregaron en diferentes partes del país, en oposición al proyecto de reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados, que propone someter a elección popular los cargos de jueces y magistrados.
Los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Morelos, Baja California, Michoacán, Guerrero, Chilpancingo y Ciudad de México se unieron al paro indefinido.
“La opción del paro existe como búsqueda de solución para frenar esta reforma; entablar diálogo, entablar negociaciones para lograr un objetivo”, escribió la Jueza Juana Fuentes, Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (JUFED) en una publicación en X.
«Como actores, nosotros inmersos en este Poder Judicial, no podemos permitir una reforma de esta magnitud”, añadió.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este lunes en su programa matutino sobre el paro.
«Yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. (…) Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios», dijo el mandatario mexicano.
«Hay corrupción y hay privilegios en el poder judicial y los trabajadores lo saben y lo que queremos es corregir que desaparezca la corrupción en el poder judicial, sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro: no todos, pero sí muchos de ellos», añadió.
Patricia Aguayo, vocera del paro de los trabajadores del Poder Judicial no estuvo de acuerdo con las declaraciones del mandatario mexicano.
«Con todo el respeto al señor presidente, que el uso del micrófono el que usa todas las mañanas no le autoriza a decir mentiras, sin embargo, lo dice de manera descarada y día a día desgraciadamente hay gente que se lo cree», dijo.
«Pero aquí en el poder judicial no se lo creemos y le estamos demostrando con hechos que lo que él dice son mentiras», señaló.
Guadalupe Acosta, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que participó en los foros de Diálogos Nacionales sobre la reforma, se mostró en oposición a la aprobación.
«Iniciamos semana con un paro de trabajadores que plantean que se están afectando sus derechos laborales, el tema de los fideicomisos sin ninguna duda es algo que está ahí presente», dijo Acosta en una entrevista con Azucena Uresti.
Acosta apuntó que los fideicomisos son formados, entre otros, con aportaciones de los trabajadores y no pueden ser manipulados por el gobierno, «eso es un asunto que queda pendiente de resolución», dijo.
«Y la carrera judicial, porque el que se está pretendiendo es que ya no haya un ascenso a partir de méritos, de carrera, de estudios, de preparación sino ahora por tómbola y la edad que sea», explicó.
El político mexicano instó al gobierno a hacer valer la preparación y experiencia que requieren los cargos judiciales de lo que consideró «la máxima instancia que decide la constitucionalidad de nuestras leyes de gobierno», dijo.
«Yo haría un llamado para que el gobierno de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores puedan abrir un espacio de diálogo real, porque de lo que se quejan ellos es que este diálogo fue simulado», dijo.
«Que no hubo una sola de sus propuestas que fuera contemplada los dictámenes que ya conocemos. Por esa razón es responsabilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores abrir un espacio de diálogo a los trabajadores», consideró.
La reforma del Poder Judicial (pdf) propuesta por López Obrador, plantea realizar elecciones para 1688 cargos judiciales de México, de los cuales 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
Los cargos incluyen los ministros de la SCJN, los magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Además, en la propuesta del mandatario, está reducir la cantidad de ministros de 9 a 11 y bajar de 15 a 12 años en el cargo. También eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y limitar sus remuneraciones para actuales y futuros ministros, sin excepción.
Propone además sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial, por un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría recibir denuncias de cualquier persona o autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
También propone nuevas reglas procesales que incluyen: la resolución de asuntos fiscales, de máximo seis meses, y de asuntos penales, máximo 1 año; prohibir que se otorgue suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, entre otras.
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