El 25 de mayo, un tribunal federal de apelaciones revivió una demanda que impugnaba la obligación de vacunarse contra el COVID-19 impuesta en Maine a los trabajadores sanitarios.
El juez de distrito Jon Levy, nominado por Obama, desestimó erróneamente el caso cuando dictaminó en 2022 que el mandato tiene «una base racional», dijeron en la nueva decisión los jueces del Tribunal de Apelación del 1er Circuito de Estados Unidos.
«Es plausible, basándose en las alegaciones de los demandantes y a falta de un mayor desarrollo de los hechos, que el mandato trate de forma diferente la actividad laica y la religiosa comparables sin una justificación adecuada», declaró la jueza de circuito Sandra Lynch, nombrada por Clinton.
El mandato de Maine de 2021 prohibía las exenciones religiosas del mandato, pero no las médicas, lo que constituía una violación del Título VII de la Ley de Derechos Civiles, dijeron en la demanda los trabajadores sanitarios, que fueron despedidos por no vacunarse.
Levy discrepó.
«El Título VII d no obliga a los empresarios a proporcionar la adaptación específica solicitada por un empleado, ni obliga a los empresarios a proporcionar adaptaciones que obligarían al empresario a infringir la ley estatal», declaró el juez.
También dijo que los funcionarios estatales no violaron la Constitución de EE. UU., incluida la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda, citando cómo la Corte Suprema de EE. UU. ha dictaminado que «si dos actividades son comparables a efectos de la Cláusula de Libre Ejercicio debe juzgarse en función del interés gubernamental alegado que justifica la regulación».
«Una exención médica a las vacunas exigidas por el Estado es fundamentalmente diferente y, por tanto, no es comparable a una exención religiosa, porque una exención médica se ajusta al interés del Estado en proteger la salud pública y, más concretamente, a las personas médicamente vulnerables de enfermedades y dolencias infecciosas, mientras que las exenciones no médicas, incluidas las religiosas, no lo hacen», dictaminó.
El panel del tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo en que el mandato no viola el Título VII. Pero el caso puede seguir adelante por la posibilidad de que choque con las protecciones constitucionales, dijeron los jueces.
La Cláusula de Libre Ejercicio establece que «el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma», mientras que otra parte de la Constitución dice que «ningún estado… negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes». En sentencias anteriores se ha considerado que una ley está sujeta a revisión si «trata cualquier actividad secular comparable de forma más favorable que el ejercicio religioso».
El mandato «entra en esta categoría, basándose en las alegaciones de la demanda de que el mandato permite que un cierto número de personas no vacunadas sigan trabajando en centros sanitarios basándose en exenciones médicas, mientras que se niega a permitir que las personas sigan trabajando mientras no estén vacunadas por motivos religiosos», declaró el tribunal de apelaciones.
Conceder exenciones médicas podría socavar los intereses del Estado del mismo modo que, según las autoridades, lo harían las exenciones religiosas, afirmaron los jueces.
«Por supuesto, es totalmente posible que hechos adicionales demuestren que los dos tipos de exención no son comparables. Por ejemplo (y no a modo de limitación), puede ser que las exenciones médicas sean probablemente más raras, más limitadas en el tiempo o más difusas geográficamente que las exenciones religiosas, de modo que las dos exenciones no tendrían efectos comparables sobre la salud pública», dijeron.
Los legisladores de Maine eliminaron en 2019 las exenciones religiosas para las vacunaciones obligatorias y los votantes rechazaron al año siguiente un referéndum que habría restablecido las exenciones, lo que significa que los requisitos de vacunación contra el COVID-19 se trataron igual que otros requisitos de vacunación.
A Lynch se unieron en la sentencia de 3-0 los jueces de circuito Bruce Selya, nombrado por Reagan, y Lara Montecalvo, nominada por Biden.
«Estamos deseando enfrentarnos a la gobernadora Janet Mills y a su administración por las claras violaciones de la Constitución estadounidense», declaró en un comunicado Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, que representa a los trabajadores.
«Esta administración actúa como si estuviera por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Los derechos garantizados por la Constitución estadounidense no pueden dejarse de lado», añadió.
Las autoridades de Maine aún no han comentado la sentencia.
Los jueces devolvieron el caso al tribunal inferior para que siguiera el procedimiento conforme a su sentencia.
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