El Ministerio de Trabajo va a poner en marcha una reforma del despido en el marco del diálogo social con el objetivo de que sea disuasorio y evitar así que se lleve a cabo esta práctica «por capricho» de la empresa, además de que sea «consecuente con los despidos sin causa».
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha hecho esta valoración este lunes en declaraciones a los medios tras conocer que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha declarado irregular el sistema español de indemnización por despido improcedente, al fijar un tope predeterminado prácticamente insuperable.
También se ha referido a este asunto la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha dicho que «los tratados internacionales y todo lo que deriva del Comité Económico y Social en Europa hoy se convierte en fuente de derecho en España».
Ha recordado que en el acuerdo de Gobierno alcanzado con el presidente, Pedro Sánchez, no introdujeron esta reforma del despido «de manera casual», sino porque «sabíamos perfectamente o intuíamos lo que iban a decir en este caso el Comité».
No ha dado muchos detalles sobre la reforma y tan solo ha dicho que se va a hacer «cuando acabemos la jornada laboral» y «con diálogo social» para «cumplir con las normas europeas» y «dar seguridad a las empresas y dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras».
Sobre esta reforma, Pérez Rey ha hecho hincapié en que ahora hay que abordarla en el marco del diálogo social con el objetivo de que «sea disuasorio».
En su opinión, «no puede ser que las empresas despidan por capricho o por oportunidad o porque le cogen manía a alguien o porque no atiende alguien una llamada después del trabajo» y tampoco puede ser que despedir «sea un ejercicio banal que no genere ninguna consecuencia» y «a las empresas les salga gratis».
La decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales resulta de una demanda que presentó UGT en marzo. Alegaba que la indemnización por despido improcedente no permite la obtención de una indemnización suficiente que cubra todo el perjuicio sufrido y no tiene efecto disuasorio para las empresas.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, se ha mostrado satisfecho con la resolución y ha instado al Gobierno a modificar «rápidamente» la normativa para cumplir con los compromisos internacionales.
En declaraciones a los medios tras la reunión de la jornada laboral, Luján ha subrayado que «no podemos continuar violando un tratado internacional» porque España es un país «serio».
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