En múltiples presentaciones el lunes, los abogados del expresidente Donald Trump se movieron para anular siete cargos contra él de la acusación del condado de Fulton, adoptando los mismos argumentos los coacusados que han separado sus casos también los han utilizado en sus propias mociones.
El presidente Trump y otras 18 personas fueron acusados de crimen organizado por sus acciones para desafiar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia en una acusación de 98 páginas y 41 cargos. El expresidente está ahora en campaña para presentarse en 2024, enfrentándose a una apretada agenda judicial con cuatro acusaciones penales y varios otros casos civiles mientras busca la reelección.
Los coacusados Kenneth Chesebro y Sidney Powell, ambos abogados que asesoraron al presidente Trump tras las elecciones de 2020, han visto sus casos separados del resto y serán juzgados juntos el 23 de octubre.
Siete cargos
El presidente Trump adoptó la recusación general de Powell y la moción para desestimar el cargo de violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO) de Georgia, citando «violación de los principios constitucionales fundamentales del debido proceso y la advertencia justa.»
Todos los acusados habían sido inculpados de violar la ley RICO, y el presidente Trump fue acusado de 13 cargos en total, el mayor número de cualquiera de los 19 acusados.
Powell también había solicitado la desestimación de seis cargos relacionados con la supuesta manipulación de máquinas de votación, de la que no se acusó al presidente Trump. Sus abogados argumentaron que la desestimación de esos cargos falsos la inhabilitaría para ser acusada en virtud de la ley RICO, que exige haber participado en dos o más actos delictivos.
El presidente Trump también adoptó las mociones de Chesebro para anular los cargos en los puntos noveno, undécimo, decimoséptimo, decimoquinto, decimotercero y decimonoveno.
El cargo noveno acusaba a los procesados de «conspiración para suplantar a un funcionario público», y Chesebro argumentó que la acusación «no identifica» y «no alega suficientemente qué tipo de funcionario público suplantaron supuestamente los electores republicanos», al tiempo que describe erróneamente la forma en que se presentaron los electores.
Los cargos 11 y 17 son cargos de «conspiración para cometer falsificación en primer grado». Chesebro argumentó que los cargos no alegaban un «elemento material de falsificación» al tiempo que alegaban una conducta que iba más allá del ámbito del estatuto que cita.
El cargo 15 es un cargo de «conspiración para cometer la presentación de documentos falsos», y Chesebro argumentó que la acusación «no alega adecuadamente que el documento en cuestión implicara un esfuerzo para gravar la propiedad» ni que los certificados de electores republicanos incluyeran ninguna declaración falsa.
Los cargos 13 y 19 son delitos de «conspiración para cometer declaraciones y escritos falsos», frente a los cuales Chesebro argumentó que los cargos no «alegaban una declaración falsa» y que ni el gobernador ni el secretario de Estado tenían autoridad para «actuar sobre la base de las declaraciones contenidas en los documentos supuestamente enviados por correo».
Electores suplentes
Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, en Georgia, lleva la acusación y afirma que las acciones recogidas en el escrito de acusación constituyen una «empresa de conspiración para el chantaje». Según la acusación, las acciones en torno a la organización de los electores republicanos, y los electores que emiten su voto, eran ilegales, y varios de los electores han sido acusados de «hacerse pasar» por funcionarios públicos.
Chesebro había ayudado a organizar listas alternativas de electores en varios estados, entre ellos Wisconsin y Georgia. La acusación cita reuniones y comunicaciones por parte de Chesebro como actos manifiestos «en apoyo de la conspiración».
La acusación imputa a varios otros abogados que asesoraron al presidente Trump después de las elecciones de 2020, y varios de esos abogados han comentado tras el anuncio de la acusación que los actos por los que se les imputaba eran las acciones de un abogado en ejercicio. Por ello, Chesebro argumentó en su petición de anulación de los cargos que los propios cargos no alegaban nada delictivo.
El caso a prueba
La acusación es muy extensa, con 19 coacusados que no se conocen entre sí, 41 cargos y 150 testigos solo por parte de la fiscalía.
Como tal, solo tiene sentido que el caso se separe en varios casos más pequeños, han argumentado los abogados. La semana pasada, el Juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, dijo más o menos lo mismo, accediendo a juzgar a Powell y Chesebro juntos debido a su demanda de un juicio rápido, pero manteniendo los casos juntos a pesar de su naturaleza separada. Señaló que era probable que el resto de los 17 acusados también tuvieran sus casos divididos en grupos más pequeños en aras de reducir la carga sobre los miembros del jurado.
El juez también señaló otra complicación: cinco acusados están intentando trasladar sus casos a una corte federal. Mark Meadows, jefe de gabinete del ex presidente, está apelando ahora en el 11º Circuito después de que su petición fuera denegada por un juez federal. Meadows se había presentado por sorpresa para testificar en su propia vista, que duró todo el día y en la que intervinieron varios testigos.
Los otros cuatro acusados parecen querer evitar lo que sufrió Meadows, y varios han renunciado a su derecho a comparecer en las vistas. Jeffrey Clark, ex fiscal general adjunto, se ausentó de su audiencia el lunes, y tres electores suplentes tendrán su audiencia el miércoles.
El juez McAfee señaló que cualquier sentencia o apelación federal puede tener que ser tenida en cuenta en la corte estatal, lo que puede complicar los procedimientos estatales.
Además, varios acusados han presentado mociones para desestimar el caso por completo, y la fiscalía aún no ha respondido.
La semana pasada, el presidente Trump presentó una moción similar, adoptando los argumentos de los coacusados Rudy Giuliani y Ray Stallings Smith III para desestimar el caso del condado de Fulton.
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