La Corte Suprema dio seguimiento a su fallo histórico del 23 de junio, que por primera vez reconoció el derecho constitucional de porte de armas en público para defensa propia, al emitir una serie de fallos el 30 de junio que revirtieron las decisiones de los tribunales federales de apelaciones. Dichos tribunales habían confirmado las restricciones de armas en California, Nueva Jersey, Maryland y Hawái.
Desde los fallos del Tribunal Supremo el 30 y 23 de junio a los tribunales les ha costado validar las leyes de control de armas.
En órdenes sin firmar, los cuatro casos fueron remitidos el 30 de junio a los tribunales inferiores “para una mayor consideración a la luz de” la decisión de la Corte Suprema del 23 de junio en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs Bruen. En ese fallo, cuya votación fue 6 a 3, el tribunal superior invalidó el estricto sistema de permisos de armas ocultas del estado de Nueva York.
La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece: «Siendo necesaria una Milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido».
La Corte Suprema ha estado fortaleciendo las protecciones a la Segunda Enmienda en los últimos años. En el caso District of Columbia vs Heller (2008), la Corte Suprema sostuvo que la enmienda protege “el derecho individual a poseer y portar armas en caso de confrontación”, y en el caso McDonald vs City of Chicago (2010), dice que este derecho “es plenamente aplicable a los estados”.
No tiene sentido reconocer el derecho de los estadounidenses a defenderse en sus hogares mientras se les niega la capacidad de defenderse fuera de sus hogares, escribió el juez Clarence Thomas el 23 de junio en la opinión mayoritaria de la corte.
“Después de todo, la Segunda Enmienda garantiza un ‘derecho individual a poseer y portar armas en caso de confrontación’, y la confrontación seguramente puede tener lugar fuera del hogar… Muchos estadounidenses corren más peligro fuera del hogar que dentro”, escribió Thomas.
En las nuevas órdenes, la Corte Suprema dispuso sumariamente los cuatro casos pendientes, concediendo simultáneamente las peticiones de revisión de los apelantes y omitiendo la fase de alegatos orales. Algunos abogados llaman a este proceso GVR, que significa otorgar, anular y reenviar.
En el caso de Maryland, Bianchi vs Frosh, expediente judicial 21-902, una coalición de 25 estados encabezada por Arizona impugnó la Ley de Seguridad de Armas de Fuego de Maryland de 2013. La ley, que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos en septiembre 2021, requirió que los compradores de pistolas obtuvieran una licencia, completaran el entrenamiento de seguridad y se tomaran las huellas dactilares. Maryland prohíbe armas populares como el AR-15 y rifles similares y limita la capacidad del cargador a 10 cartuchos.
El fiscal general de Maryland, el demócrata Brian Frosh, se mostró desafiante ante las ordenes de prisión preventiva por desacato. Las armas de fuego de tipo militar «suponen graves riesgos para la seguridad pública, como lo han puesto de manifiesto los recientes tiroteos masivos en otros estados», declaró Frosh. A pesar de la sentencia de Bruen, la ley estatal sigue en vigor, dijo. «Los habitantes de Maryland tienen derecho a estar protegidos de estas armas peligrosas».
El caso de California, Duncan vs Bonta, archivo judicial 21-1194, impugnó la prohibición del estado a los cargadores que contienen más de 10 cartuchos. La prohibición fue más allá y exigió la confiscación de dichos cargadores, cuya posesión anteriormente era lícita. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó la prohibición en noviembre de 2021.
El fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, se esfuerza actualmente por hacer frente a las consecuencias de la filtración por parte de su oficina de información personal sensible, incluidos los nombres y direcciones de todos los titulares de permisos de portación oculta del estado. Algunos titulares dicen que ahora temen por sus vidas.
El caso de Nueva Jersey, Association of New Jersey Rifle and Pistol Clubs Inc. vs Bruck, expediente judicial 20-1507, es similar al de California. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Tercer Circuito confirmó la ley de Nueva Jersey en diciembre de 2021.
Los demandantes impugnaron la ley estatal que prohíbe los cargadores de 10 balas y exige que sus propietarios entreguen dichos cargadores a las fuerzas del orden. La ley también prohíbe la transferencia o la venta de estos cargadores, pero permite a los propietarios conservarlos si los modifican para reducir el número de cartuchos que pueden contener. El incumplimiento de la ley es un delito que puede ser castigado con una pena de hasta 10 años de prisión y USD 150,000 de multa.
En el caso Young vs Hawái, expediente judicial 20-1639, un demandante impugnó el sistema de licencias de armas de Hawái, que permite el transporte de un arma de fuego descargada únicamente en un contenedor cerrado y sólo hacia y desde un taller de reparación de armas, un campo de tiro, un vendedor de armas con licencia, un coto de caza o una comisaría. Las armas de fuego con licencia sólo pueden utilizarse para la caza o el tiro al blanco. Las licencias son expedidas por el jefe de policía del condado en el que vive el propietario del arma.
La ley de Hawái exige que los propietarios de armas mantengan sus armas en su “lugar de negocios, residencia o estancia”. Los solicitantes de un permiso de porte oculto deben demostrar que tienen motivos para temer por daños a su humanidad o a sus propiedades para obtener un permiso. Los permisos que permiten el porte abierto se otorgan solo «cuando la urgencia o la necesidad se han indicado suficientemente» y el solicitante «está comprometido con la protección de la vida y la propiedad».
“Los registros muestran que el estado otorgó solo 4 permisos entre el 2000 y el 2020”, informa KITV.
La ley de Hawái fue confirmada en marzo de 2021 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
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