A pocos días de que se cumpla un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, un informe elaborado por la empresa Alquiler Seguro apunta a una pérdida de 60.000 viviendas en el mercado este año y un precio medio del alquiler de 1.069 euros.
Basándose en los datos que maneja el Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, en este último año la oferta no ha dejado de caer hasta cerrar 2023 con 813.850 inmuebles disponibles, frente a los 855.518 de 2022 y para 2024 se espera que se pierdan unas 60.000 viviendas más.
Por el contrario, los precios no han dejado de crecer fruto de un desajuste entre la oferta y la demanda cada vez mayor. De acuerdo con el Observatorio, en 2023 el precio medio de alquilar una vivienda en España subió unos 100 euros frente al año anterior, hasta situarse en los 1.002 euros. Para este próximo año se espera que sigan subiendo, ya que a principios de 2024 alcanzaban ya los 1.069 euros.
La medida estrella de la Ley, la declaración de zonas tensionadas para controlar los precios del alquiler, ha generado escepticismo y rechazo por las comunidades autónomas, salvo Cataluña, señala Alquiler Seguro, que apunta que la gran mayoría la considera ineficaz e intervencionista.
Asimismo, agrega que la nueva definición y división de los propietarios como pequeños o grandes tenedores ha contribuido a empeorar y estigmatizar la imagen de los propietarios, los que, en definitiva generan la oferta. También apunta que los límites en la actualización de rentas han reducido el poder adquisitivo de los propietarios, aumentando la desconfianza y la incertidumbre.
Además critica el auge de los alquileres de temporada y turísticos para sortear la Ley de Vivienda, al tiempo que añade que la nueva normativa ha supuesto una precarización del sector, mayor desconfianza de los propietarios; preocupación entre los propietarios ante posibles impagos y un endurecimiento de los requisitos para acceder a un alquiler.
Por otro lado, entienden que las medidas fiscales no acompañan el estímulo de la oferta y que los beneficios fiscales en zonas tensionadas para los arrendadores que accedan a bajar los precios un 5 % generan inseguridad puesto que puede suponer incluso una pérdida de rentabilidad.
En el caso concreto de Cataluña, el Observatorio del Alquiler apunta a una pérdida de 25.000 viviendas en el mercado y a unos precios al alza, que ya alcanzan los 1.361 euros. Además, para hacer frente al déficit de 295.000 viviendas que estima la Generalitat serían necesarias casi 15.000 al año, un objetivo que ven demasiado ambicioso.
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