Las autoridades judiciales de Bolivia trasladaron esta madrugada al gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, al penal de Chonchocoro, situado en el altiplano, a 35 kilómetros de La Paz, para cumplir cuatro meses de detención preventiva por un caso sobre la crisis política de 2019.
El traslado se efectuó una vez concluida la audiencia virtual en la que un juez de la jurisdicción de La Paz dictó cuatro meses de prisión contra el gobernador, en el marco del proceso por terrorismo en el caso llamado «golpe de Estado I».
Una caravana con varios vehículos se encargó de vigilar el traslado durante el recorrido hasta Chonchocoro, penal en el que Camacho deberá también atravesar un periodo de aislamiento para luego pasar al área común.
En la audiencia de medidas cautelares, que fue virtual y duró casi nueve horas, las partes acusadoras como la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Gobierno (Interior) expusieron las razones sobre los posibles riesgos a la investigación.
A esas instancias se sumaron los abogados de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que a finales de 2020 presentó la demanda por la que se procesa al gobernador Camacho.
En tanto que la defensa del gobernador de Santa Cruz argumentó en algunos aspectos la vulneración a sus derechos, como la forma en que el pasado miércoles fue arrestado cuando llegaba a su domicilio para luego trasladarlo a La Paz en medio de un cuestionado operativo policial.
En la audiencia, el gobernador cruceño tomó la palabra para dirigirse a quienes lo eligieron y mantuvieron las protestas en 2019 a los que les dijo brevemente que «nunca» se va a rendir.
«A los bolivianos que me escuchan, no dejemos que el masismo imponga una dictadura, como en Venezuela y Cuba», expresó Camacho.
Las instituciones cívicas de Santa Cruz realizan este viernes un paro o huelga general de 24 horas para presionar a las autoridades nacionales y conseguir la libertad de Camacho.
Además, la detención de Camacho ha provocado varias protestas en el departamento de Santa Cruz y enfrentamientos entre sus seguidores y la Policía que ha respondido con gases lacrimógenos.
Como producto de esto varias instituciones estatales del nivel central han resultado afectadas, principalmente la Fiscalía Departamental y el Palacio de Justicia, además de que se han instalado varios bloqueos de carreteras en los que se pide la libertad del gobernador detenido.
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