La forma en que el abogado especial de Estados Unidos, John Durham, está tratando a las personas relacionadas con la campaña de Clinton de 2016, mientras las investiga, dista mucho de cómo el abogado especial Robert Mueller trató a las personas relacionadas con la campaña de Trump de 2016, mientras las investigaba.
Después de que Durham acusara el año pasado al abogado Michael Sussmann por mentir al FBI, los documentos judiciales revelaron que el abogado especial estuvo durante mucho tiempo en comunicación con los abogados de la campaña de Hillary Clinton, escuchándolos sobre por qué ciertos documentos citados estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente y por lo tanto no deberían ser entregados. Durham acaba de pedir al tribunal que obligue a presentar los documentos o, al menos, que el juez revise una muestra de ellos antes de tomar una decisión definitiva.
«Hemos tratado durante algún tiempo de entender mejor la teoría del privilegio que se está afirmando sobre varios documentos, y, ya saben, hemos tenido conversaciones y no hemos podido obtener reparo en cuanto al fundamento y las bases de varias teorías de privilegio que se han afirmado aquí», dijo el fiscal a cargo de Durham, Andrew DeFilippis, durante una audiencia del 31 de marzo (pdf).
Sussmann supuestamente mintió en septiembre de 2016 al entonces consejero general del FBI, James Baker, sobre su motivación para entregarle informes y datos que supuestamente mostraban comunicaciones secretas entre la Organización Trump y el banco ruso Alfa. El FBI determinó que no existía tal canal.
Sussmann dijo a Baker en un correo electrónico que iba a la reunión sin representar a ningún cliente. Sin embargo, facturó el tiempo a la campaña presidencial de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.
Los datos e informes fueron proporcionados a Sussmann por Rodney Joffe, quien dirigió varias empresas de tecnología. Sussmann, Joffe y otras personas formaban parte de una «empresa conjunta» que buscaba desenterrar datos sucios sobre Trump para ayudar a Clinton, dijo Durham, pero no llegó a alegar que la empresa equivalía a una conspiración criminal.
El enfoque de Durham contrasta con los métodos utilizados por Mueller, que en 2017-2019 investigó la supuesta colusión entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y Rusia para influir en las elecciones a su favor. No se encontró tal colusión, aunque Mueller procesó o remitió para su enjuiciamiento a múltiples asociados de Trump por delitos o procesos no relacionados.
En agosto de 2017, unos meses después de hacerse cargo de la investigación sobre Rusia del FBI, Mueller hizo que agentes del FBI allanaran la casa de Paul Manafort, un consultor político de carrera que dirigió la campaña electoral de Trump durante varios meses antes de que sus tratos anteriores con el extranjero fueran criticados por los medios de comunicación.
Mueller se saltó el privilegio de abogado-cliente de Manafort, haciendo valer la exención de delito-fraude, que despoja del privilegio a las comunicaciones que un juez acuerda que pertenecen a la comisión o planificación de un delito. Basándose en gran medida en pruebas secretas, la jueza de distrito Beryl Howell dio la razón a Mueller en el sentido de que Manafort «restó importancia» en sus declaraciones sobre actividades de lobby a las actividades previas de su empresa en Estados Unidos en nombre de un partido político ucraniano (pdf). El juez permitió así a Mueller interrogar en cierta medida al anterior abogado de Manafort.
En abril de 2019, por recomendación de Mueller, los fiscales de Nueva York hicieron que el FBI allanara el despacho de Michael Cohen, entonces abogado personal del presidente Trump. El abogado de Cohen dijo entonces que durante la redada los agentes se incautaron de comunicaciones privilegiadas entre Cohen y sus clientes. En un caso así, el gobierno clasifica lo que es y lo que no es privilegiado por su cuenta, normalmente asignando un equipo independiente en la investigación del caso para hacer la clasificación.
Los abogados tanto de Manafort como de Cohen dijeron que las redadas eran innecesarias porque sus clientes habían cooperado voluntariamente con las fuerzas del orden.
Trump perdonó a Manafort, pero no a Cohen, quien hizo esfuerzos sustanciales para tratar de implicar a su antiguo jefe en un delito. Cohen dijo recientemente a The Daily Beast que, a menos que los fiscales de Manhattan presenten cargos contra Trump antes del 30 de abril, dejará de cooperar.
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