En una medida poco común, las tres magistradas liberales de la Corte Suprema se abstuvieron el 28 de mayo de un caso relacionado con una demanda presentada en su contra por rechazar una demanda anterior que buscaba anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
En el caso, la Corte Suprema rechazó una apuesta arriesgada de Raland J. Brunson de Ogden, Utah, quien ha ganado notoriedad entre los partidarios de Trump por su activismo legal.
El caso que nos ocupa se conoce como Brunson vs Sotomayor. El peticionario demandó a las jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en sus capacidades oficiales para votar el 21 de febrero de 2023, para denegar la petición de certiorari, o revisión, en su demanda anterior, Brunson vs Adams.
Las tres jueces designadas por los demócratas se abstuvieron, citando mandatos de inhabilitación judicial en el Código de Estados Unidos y el Código de Conducta para Jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el máximo tribunal del país adoptó en noviembre de 2023.
La demanda anterior fue Brunson vs Adams, en la que Brunson demandó a cientos de miembros del Congreso en 2021, alegando que violaron su juramento al no investigar el fraude electoral en las elecciones de 2020 y al certificar la victoria electoral del entonces retador Joe Biden, sobre el entonces presidente en ejercicio, Donald Trump, en una votación que concluyó en la madrugada del 7 de enero de 2021, tras la violación de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos.
La representante Alma Adams (D-N.C.) aparece en el título breve de la petición presentada en la apelación porque fue nombrada en primer lugar en la lista de 388 demandados. También se incluyeron como demandados al presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el exvicepresidente Mike Pence. La demanda buscaba la destitución del cargo del presidente Biden, la vicepresidente Harris y los miembros del Congreso.
En la demanda poco ortodoxa, Brunson argumentó que evitar una investigación “sobre cómo Biden ganó las elecciones es un acto de traición y un acto de guerra contra la Constitución de Estados Unidos que violó el derecho ilimitado de Brunson a votar en una elección honesta y justa y como tal, invalidó injustamente su voto”.
En esa apelación, la Corte Suprema denegó la petición de certiorari, o revisión, en una orden sin firmar el 9 de enero de 2023. Ningún magistrado disintió. No se proporcionó ninguna razón para la decisión. Al menos cuatro de los nueve magistrados deben votar para aprobar una petición de certiorari para que avance a la etapa de alegato oral.
El tribunal denegó una petición de nueva audiencia el 21 de febrero de 2023, en una orden no firmada sin proporcionar un motivo. Ningún juez discrepó.
Esta semana, la Corte Suprema denegó la petición de certiorari en Brunson vs Sotomayor en una orden no firmada sin proporcionar un motivo. Ningún juez discrepó, pero los jueces Sotomayor, Kagan y Jackson no participaron en el fallo.
La petición se presentó ante el tribunal superior el 29 de marzo, y el Sr. Brunson actuó como su propio abogado.
El Sr. Brunson argumentó en la segunda demanda que los jueces violaron su juramento judicial en Brunson vs Adams.
La demanda comenzó en un tribunal estatal, pero los jueces, como funcionarios federales, trasladaron el caso al tribunal de distrito federal.
El tribunal de distrito determinó que el tribunal estatal carecía de jurisdicción en la demanda, sosteniendo que los reclamos por capacidad oficial contra los magistrados equivalían a reclamos contra Estados Unidos, que goza de inmunidad soberana. La inmunidad soberana es la doctrina legal de que el gobierno no puede ser demandado sin su consentimiento.
El tribunal de distrito determinó que el tribunal estatal carecía de jurisdicción y que, por lo tanto, carecía de jurisdicción derivada debido a las reclamaciones de capacidad oficial que desencadenaban la inmunidad soberana de los magistrados.
El tribunal de distrito desestimó la acción y consideró que los jueces gozaban de inmunidad.
El Sr. Brunson apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, argumentando que incluso si se hubiera requerido jurisdicción derivada, el tribunal estatal aún conservaba jurisdicción porque la doctrina de la inmunidad soberana va en contra del derecho de la Primera Enmienda a solicitar reparación de agravios.
El 9 de febrero de este año, el Décimo Circuito desestimó la apelación.
En el procedimiento de la Corte Suprema, la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en calidad de abogada de los magistrados demandados, renunció al derecho del gobierno federal a responder a la petición ante la Corte Suprema en un documento que se registró el 2 de mayo.
El Sr. Brunson argumentó que las tres jueces violaron su juramento al cargo “al brindar ayuda y consuelo a los enemigos de la Constitución, lo cual es un acto de traición, fraude e incumplimiento de contrato”.
Instó a la Corte Suprema a aceptar su petición, alegando que los jueces eran culpables de “fraude, violaciones del juramento del cargo y… traición”.
“Estos delitos graves deben abordarse de inmediato con la menor cantidad de matices técnicos de la ley y los procedimientos legales porque estos delitos fluyen continuamente contra las libertades y la vida de Brunson y, en consecuencia, son [sic] una violación continua de la seguridad nacional.
“Buscar reparación de agravios, como lo ha hecho Brunson en este caso, es un gran poder que uno conserva para protegerse de la invasión de un gobierno tiránico. Es la voz personal de Brunson y la forma en que puede proteger sus derechos personales protegidos por la Constitución de Estados Unidos», afirma la petición.
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