El Ministerio Público de Panamá (MP, Fiscalía) informó este domingo acerca del traslado a la capital panameña de 10 cuerpos de supuestos migrantes que murieron ahogados por una crecida de un río en una zona del Caribe panameño cerca a la frontera con Colombia, entre ellos tres menores y siete adultos.
Los cuerpos sin vida fueron trasladados la noche de este sábado, entre ellos «tres infantes y siete adultos», tras concluir la diligencia de levantamiento de los cadáveres, lo que tomó tres días debido a que donde fueron hallados es un área de difícil acceso, señaló el MP en un comunicado.
Una vez en la capital, los cuerpos fueron llevados a la Morgue Judicial para las necropsias respectivas por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, «para establecer sus identidades, determinar oficialmente las causas y tiempo de muerte», dijo Lilia Sanjur, la Personera del MP de la comarca indígena Guna Yala, señala la información oficial.
La funcionaria explicó que las tareas de búsqueda y recuperación de las víctimas en las orillas del río Carreto, localizado en la comunidad del mismo nombre en Guna Yala, llevaron tres días por las dificultades que presentaba el terreno montañoso y selvático.
«Nos mantenemos con la información preliminar de que se mantenían intentando atravesar la zona selvática hasta la provincia de Darién —frontera natural con Colombia— por lo cual fue necesario permanecer estos tres días en el área montañosa con situaciones bastante inhóspitas a las que se enfrentan estos migrantes al intentar cruzar hacia este sector», manifestó Sanjur.
Sanjur indicó que hay una «investigación abierta» para determinar las causas de la muerte de todos los cuerpos hallados y «las demás situaciones que se puedan mantener relacionadas al fallecimiento de estas personas».
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, que participó en la búsqueda de los cuerpos con el MP, informó en un comunicado que hasta el momento «no se ha podido determinar con precisión las nacionalidades de las víctimas de esta tragedia».
El jueves de esta semana, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en su rueda de prensa semanal que «el número (de migrantes fallecidos) es 16», pero más tarde fuentes de la presidencia aclararon a EFE que la cifra se mantiene en «10», como se había adelantado el miércoles.
El hecho ocurrió por la «ruta de Carreto», en el Caribe panameño, que es más costosa, teniendo que pagar hasta 550 dólares para tomar un bote desde Capurganá, en Colombia, hasta esa comunidad, para luego caminar durante dos o cuatro días por la selva para llegar hasta la comunidad indígena de Canaán Membrillo.
Esto de acuerdo con una información de 2023 de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo prestando servicios en el Darién hasta que este año no fue renovado su permiso para operar.
Desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva Administración de Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién, que ya la han atravesado en lo que va del año más de 216,000 migrantes, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520,000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.
Entre esas medidas, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4.7 kilómetros en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para «canalizar» el flujo de los migrantes a través de un «corredor humanitario».
El Darién es una selva que hace de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud.
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