Un tribunal birmano presentó este lunes un nuevo cargo por «incitación» contra la líder depuesta birmana, Aung San Suu Kyi, al día siguiente de la muerte de una veintena de manifestantes opuestos al golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Suu Kyi, de 75 años y quien se encuentra detenida desde el día del levantamiento militar, compareció mediante videoconferencia ante el tribunal en la capital, Naipyidó, indicó a Efe el abogado de la dirigente, Khin Maung Zaw.
La nobel de la paz y líder de facto del país fue acusada el pasado 3 de febrero de la importación ilegal de un dispositivo telefónico y 14 días más tarde de un delito relacionado con la ley de desastres naturales.
El abogado precisó que pudo escuchar la voz de Suu Kyi desde la puerta del tribunal y que el mismo nuevo cargo ha sido presentado también contra el derrocado presidente, Win Myint.
La comparecencia se produjo mientras que los birmanos volvieron a salir a las calles este lunes para protestar contra el golpe, y pedir la liberación de Suu Kyi y el resto de los detenidos.
Este lunes, la Policía lanzó botes de gas lacrimógeno en las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, mientras que varios medios locales informan además del despliegue sobre el terreno de militares en tareas de apoyo a la Policía.
La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania indicó en su última actualización que durante el domingo se registraron víctimas mortales en al menos las ciudades de Rangún, Mandalay, Dawei, Bago, Magwe, Pakokku y Kyaukse, además de 200 personas que resultaron heridas.
Con las muertes del domingo se elevan a 30 las víctimas mortales, conforme a las cifras de la AAPP, a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar.
El relator especial de la ONU condenó la violencia
El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, condenó la violencia y reclamó una acción más severa contra el Ejército, entre ellas sanciones específicas y coordinadas contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.
El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.
Según la AAPP, 1132 personas, incluidos políticos, activistas y manifestantes, han sido detenidas desde el 1 de febrero, de los que 833 continúan bajo arresto.
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