Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este martes el bloqueo de una norma que facilita al gobierno de Donald Trump negar el estatus legal a los inmigrantes que reciben asistencia pública, pero limitó el alcance a tres estados.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito, en un fallo de 110 páginas, ratificó el fallo de un tribunal inferior de octubre de 2019 que concede órdenes judiciales preliminares para bloquear la Regla de Carga Pública de inmigración. Sin embargo, el tribunal de apelaciones redujo el alcance del mandato judicial de nivel nacional a la jurisdicción de solo tres estados: Nueva York, Connecticut y Vermont.
El fallo del Segundo Circuito no tendrá un efecto inmediato debido a una decisión de la Corte Suprema tomada en enero, la cual permitió que la norma siguiera adelante en espera de una revisión por parte de la corte superior.
La Regla de Carga Pública, que se emitió en 2019, proporciona una aclaración acerca de los factores que se considerarán para determinar si es probable que alguien en cualquier momento en el futuro se convierta en una carga pública. Una carga pública se refiere a un individuo que probablemente llegue a depender principalmente del gobierno para su subsistencia, a través de una asistencia como cupones de alimentos o Medicaid.
La regla considerará a una persona como carga pública si recibe al menos una prestación del gobierno durante más de 12 meses en un período de tres años.
El panel encontró que la regla era ilegal porque fue emitida en contra de una ley federal de inmigración, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y era «arbitraria y caprichosa». Además encontró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no proporcionó una justificación satisfactoria para la ampliación de la definición de «carga pública» y la ampliación de la lista de beneficios a considerar en una determinación de carga pública.
Los jueces dicen que el DHS no proporcionó ninguna base objetiva en su justificación para cambiar la regla.
«Por supuesto, el DHS es libre de cambiar su interpretación y no sugerimos que esté bajo ninguna obligación de consultar con sus agencias hermanas al hacerlo», escribieron los jueces en su opinión (pdf).
«Pero lo que el DHS no puede hacer es basar su cambio de interpretación en especulaciones sin fundamento, particularmente cuando sus suposiciones categóricas van en contra de las realidades de los beneficios no monetarios en cuestión».
El Departamento de Justicia no hizo ningún comentario en respuesta a la decisión del martes.
El año pasado, la Corte Suprema acordó suspender temporalmente los mandatos nacionales emitidos por la Corte de Distrito de Nueva York hasta que se resuelva la apelación en el Segundo Circuito, y, si es necesario, la Corte Suprema. Esto permitió que la regla entre en vigor en febrero.
La regla fue impugnada por varios gobiernos estatales y locales y grupos de inmigración, lo que dio lugar a órdenes judiciales que impidieron que la regla entre en vigor el 15 de octubre de 2019. Dos cortes federales de apelaciones, el Cuarto Circuito y el Noveno Circuito, levantaron mandatos similares en diciembre de 2019. Pero el Segundo Circuito se negó a anular un par de órdenes judiciales emitidas por el Tribunal de Distrito de Nueva York, lo que llevó al gobierno de Trump a presentar una solicitud de emergencia (pdf) al tribunal superior a principios de enero para levantar esos bloqueos.
Varios jueces conservadores de la Corte Suprema emitieron duras críticas contra el uso de los mandamientos judiciales a nivel nacional en su fallo de enero. El juez Neil Gorsuch, a quien se unió el juez Clarence Thomas, dijo que el verdadero problema en los casos era la «práctica cada vez más común de los tribunales de primera instancia con órdenes que trascienden los casos que tienen ante ellos».
«Ya sea que se enmarquen como órdenes de alcance ‘nacional’, ‘universal’ o ‘cósmico’, estas órdenes comparten el mismo defecto básico: dirigen la forma en que el demandado debe actuar hacia las personas que no son parte del caso», escribió Gorsuch.
El Segundo Circuito reconoció la opinión de Gorsuch y abordó el tema en su fallo. El panel dijo que «no había duda» de que la ley permite a los tribunales de distrito dictar órdenes judiciales en todo el país y puede ser un remedio apropiado en ciertas circunstancias. Pero el tribunal también expresó su preocupación por el hecho de que los mandamientos judiciales de ámbito nacional pudieran entrar en conflicto con otros fallos judiciales cuando se presentan numerosas impugnaciones contra la misma acción del organismo.
«Cuando nos enfrentamos a un panorama de litigios tan volátil, alentamos a los tribunales de distrito a que consideren la posibilidad de elaborar mandamientos judiciales preliminares que anticipen la posibilidad de conflicto con otros tribunales y prevean tal contingencia», escribieron los jueces.
«Esos planteamientos podrían tomar la forma de una limitación del lenguaje, disponiendo que el mandamiento judicial no sustituya los fallos contrarios de otros tribunales, una invitación a las partes a que regresen y soliciten una modificación a medida que cambie la situación, o la limitación del mandamiento judicial a la situación de determinados demandantes o a personas en situación similar dentro de la jurisdicción geográfica del tribunal».
Esto se produce después de que el mismo Tribunal de Distrito de Nueva York emitiera la semana pasada una segunda orden judicial a nivel nacional que bloquea la aplicación de la regla durante la duración de la emergencia nacional de salud pública, que fue declarada en respuesta a la pandemia de virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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