Un tribunal de apelaciones de Florida ratificó el viernes una ley estatal de 2011 que impone sanciones a las autoridades locales si promulgan o aplican regulaciones locales de control de armas.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) celebró el fallo, escribiendo en Twitter: «IMPORTANTE VICTORIA DE LA NRA EN LA CORTE: El tribunal de apelación de Florida confirma el estatuto de preferencia y dice que los funcionarios públicos pueden ser multados por anular la ley estatal e implementar el control local de armas», y añadió que «La NRA fue instrumental en la aprobación de este estatuto y presentó un informe amicus en el caso».
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Florida en Tallahassee concedió una apelación del estado de Florida que buscaba mantener la ley. La apelación de la fiscal general Ashley Moody y del gobernador Ron DeSantis respondía a un fallo de un tribunal inferior en 2019 que declaró inconstitucional la ley de 2011.
«El tribunal de primera instancia invalidó las sanciones estatutarias de Florida contra los gobiernos locales, los funcionarios locales y los jefes de las agencias por violar la total primacía de la Legislatura de Florida sobre la regulación de las armas de fuego y las municiones», dice el fallo de la jueza Susan Kelsey (pdf). «Consideramos que los estatutos impugnados son válidos y aplicables y los revertimos».
Florida cuenta desde 1987 con un estatuto, «Ámbito de la reglamentación de las armas de fuego y las municiones», que declara nula cualquier nueva ley de control de armas aprobada por los gobiernos locales que sea más estricta que las leyes estatales. Esta pretendía garantizar que los propietarios legales de armas no infringieran inadvertidamente las normas locales cuando viajaran dentro del estado.
En 2011, Florida promulgó una medida que establece sanciones contra las entidades gubernamentales locales o los funcionarios individuales que violen intencionadamente la ley estatal prevalente, dándole así más fuerza. Las disposiciones sancionadoras incluyen multas de hasta 5000 dólares y la destitución de los funcionarios locales en cuestión por parte del gobernador.
La ley también permite recuperar daños y perjuicios de hasta 100,000 dólares, así como las costas y los honorarios de los tribunales y de los abogados, para la parte que gane si ellos demandan con éxito a los gobiernos locales por las leyes locales sobre armas.
La ley de 2011 fue impugnada en tres demandas distintas por 30 municipios, tres condados y más de 70 funcionarios locales. Ellos alegaron que las sanciones de la ley de 2011 eran inconstitucionales. Las demandas se produjeron a raíz del tiroteo masivo de Parkland en febrero de 2018, en el que murieron 17 personas en el instituto Marjory Stoneman Douglas.
El entonces juez de circuito del condado de León, Charles Dodson, en una sentencia de julio de 2019 que consolidó las tres acciones legales, consideró que la ley de 2011 era inconstitucional por una serie de motivos.
«Debido a que los gobiernos locales deben tener lo que equivale a pequeñas legislaturas, y debido a que los tribunales no pueden interferir en los procesos legislativos, ni este tribunal, ni ningún otro tribunal en Florida, puede hacer cumplir las disposiciones de sanciones civiles [de la ley] contra los legisladores locales», escribió Dodson en su orden.
También se centró en cómo la Constitución puede definir el concepto de «inmunidad legislativa» e «inmunidad de función gubernamental» que protegería a los funcionarios locales de las sanciones por tomar decisiones en su capacidad oficial.
Su fallo no afectó a la ley de 1987, que no fue impugnada.
Kelsey, escribiendo para el panel de apelación, rechazó el fallo del tribunal inferior.
«Sostenemos que las disposiciones legales sobre sanciones impugnadas en la apelación son válidas y aplicables. La inmunidad de la función gubernamental no protege a las entidades que actúan de forma contraria o más restrictiva que la ley estatal en el ámbito completamente preceptivo de la regulación de las armas de fuego y las municiones. Del mismo modo, la inmunidad legislativa no ampara a los individuos que, a sabiendas y voluntariamente, actúan en contra o más allá de los límites de la ley estatal», escribió.
También escribió que la Legislatura de Florida está «autorizada a promulgar leyes generales que prevalezcan toda la regulación en un área de la ley».
«Tal y como ilustra este caso, el poder legislativo ejerció su preferencia en materia de armas de fuego y munición», añadió.
La NRA había presentado un informe amicus (pdf) ante el tribunal de apelación en apoyo del estado de Florida en el caso. También se presentaron escritos amicus en apoyo de las entidades locales que impugnaron la ley de 2011: un resumen (pdf) fue presentado por la Liga de Ciudades de Florida y la Asociación de Condados de Florida, y otro (pdf) fue presentado por el Centro de Leyes de Giffords para Prevenir la Violencia con Armas, el grupo de control de armas de Brady y la Liga de Mujeres Votantes de Florida y el Instituto de Igualdad de Florida.
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