Impedir que inmigrantes ilegales crucen la frontera entre Estados Unidos y México cuando las autoridades afirman que un puerto de entrada está al máximo de su capacidad es ilegal, según dictaminó el 23 de octubre un tribunal federal de apelaciones.
Un juez emitió una opinión en contra.
La política, conocida como «medición», fue implementada en 2016 bajo el mandato del presidente Barack Obama y continuada por los presidentes Donald Trump y Joe Biden. Esta permitía a los funcionarios federales de inmigración negar el ingreso de inmigrantes ilegales si el número de personas que intentaban cruzar en los puertos de entrada superaba un cierto límite.
«Si no tenemos los recursos para dejarlos entrar en un día determinado, tendrán que volver», dijo la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en una entrevista televisiva en 2018.
Defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda, argumentando que la política negaba ilegalmente a los migrantes el derecho a ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo. En 2021, una jueza de distrito determinó que la política violaba la ley federal, que exige a los agentes de inmigración inspeccionar a los inmigrantes ilegales recién llegados y remitirlos a una entrevista si declaran que están solicitando asilo.
Interpretar la ley de manera que permita a los agentes devolver a los solicitantes de asilo hasta un momento indeterminado «permitiría a los acusados devolver a los solicitantes tantas veces como quisieran —quizá de manera indefinida— sin violar sus obligaciones legales», declaró en ese momento la jueza de distrito Cynthia Bashant.
La política fue anulada poco después del fallo de Bashant.
La mayoría de los jueces de un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. coincidió con la corte inferior. En su fallo del miércoles, escribieron que el estatuto establecía que cualquier persona que se presente ante las autoridades fronterizas cumple con la definición de «haber llegado».
«Un no ciudadano detenido por funcionarios estadounidenses en la frontera tiene derecho a solicitar asilo bajo la ley», escribió la jueza de circuito Michelle Friedland para la mayoría.
La ley en cuestión establece en parte: «Cualquier extranjero que esté físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos (ya sea en un puerto de entrada designado o no, e incluyendo a un extranjero que sea llevado a Estados Unidos tras haber sido interceptado en aguas internacionales o de Estados Unidos), independientemente de su estatus, puede solicitar asilo».
Los abogados del gobierno argumentaron que los inmigrantes no «llegan» hasta que están en suelo estadounidense y se presentan ante los funcionarios, pero la jueza señaló que esa interpretación implicaría que, en algunos casos, sería preferible para un solicitante de asilo cruzar la frontera entre puertos de entrada.
«Si logra cruzar subrepticiamente la frontera, podrá solicitar asilo. No creemos que el Congreso haya creado ese incentivo», dijo la jueza.
El juez de circuito John Owens se unió a Friedland.
En una opinión disidente, el juez Ryan Nelson dijo que el punto clave es que la ley usa la frase «llega a», no simplemente «llega». Señaló que la ley implica que los inmigrantes deben estar físicamente presentes en Estados Unidos para solicitar asilo.
Nelson también señaló que el fallo «impone al gobierno federal —por primera vez— la obligación de entrevistar a solicitantes de asilo que aún se encuentran en México».
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