La administración Trump sufrió un retroceso luego de que un tribunal federal de apelaciones confirmara un bloqueo en varias políticas de inmigración que buscaban reducir los criterios de asilo para inmigrantes ilegales.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó el viernes en un fallo 2-1 la decisión de un tribunal inferior de impedir que la administración Trump aplique varias políticas clave que hicieron que las personas que huían del abuso doméstico o la actividad criminal local no fueran elegibles para el asilo. El caso se cita como Grace v. Barr.
En 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions emitió una decisión en un caso llamado Asunto de A-B- (pdf), donde una mujer salvadoreña buscaba asilo debido a la violencia doméstica que experimentó durante años en su país de origen. Sessions revertió la concesión de asilo a la mujer y estableció una regla que negaba asilo a las personas que reclamaban un temor fundado debido al abuso doméstico o la violencia de pandillas perpetrada por actores no gubernamentales. Su decisión esencialmente revirtió los criterios de asilo a lo que era antes de 2014, cuando la administración Obama lo abrió para incluir casos penales privados, incluida la violencia doméstica.
La decisión de Sessions no cambió la definición de asilo, sino que hizo más difícil que las personas mostraran un «temor creíble de persecución» para que no fueran expulsadas bajo el proceso de «expulsión acelerada».
El Departamento de Seguridad Nacional emitió nuevas pautas poco después de la decisión de Sessions, exigiendo que los oficiales de asilo sigan las nuevas normas en todos los procedimientos de expulsión y las determinaciones de miedo creíbles.
Los 12 solicitantes de asilo, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), posteriormente presentaron una demanda contra la administración en 2018, donde alegaron que las políticas elevaron el estándar para cumplir con ciertos criterios de asilo más allá de lo que el Congreso había previsto.
También alegaron que las políticas de Sessions violaban leyes federales como la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de los Estados Unidos.
El tribunal de distrito falló a favor de los solicitantes de asilo declarando ilegales las políticas impugnadas y bloqueando la aplicación de la administración.
El viernes, el tribunal confirmó parte del fallo del tribunal inferior al impedir que la administración aplicara dos políticas clave, una en la que el solicitante de asilo necesita demostrar que su gobierno local pasó por alto el comportamiento privado o demostró una total incapacidad para protegerlos, y otra política donde los oficiales deben aplicar la ley del circuito donde ocurre la entrevista de miedo creíble.
Mientras tanto, otras dos políticas que anteriormente estaban bloqueadas fueron anuladas en la decisión del viernes.
Un abogado de la ACLU quien argumentó el caso, Cody Wofsy, calificó el fallo como una «gran derrota» para la administración, que ha planteado problemas de inmigración y ha reducido las solicitudes de asilo en medio de la reciente afluencia de inmigración ilegal.
«Este fallo es una gran derrota por el asalto de la administración a los derechos de asilo y la ley», dijo Wofsy en un comunicado.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo en un comunicado a The Epoch Times que están evaluando cuidadosamente la decisión del viernes.
«La decisión del Fiscal General en 2018 simplemente reafirmó lo que se había establecido como ley durante décadas, y rechazó la decisión única emitida por la Junta de Apelaciones de Inmigración durante la Administración de Obama que rompió con la ley establecida», dijo el comunicado. «De hecho, en una decisión del año pasado, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito señaló que la decisión del Fiscal General en A-B- no solo era ‘permisible bajo el estatuto’, sino que era una ‘interpretación mucho más fiel de la INA’ que la decisión de la Junta de 2014 que anuló».
«Continuaremos defendiendo los esfuerzos del Procurador General y la Administración para restaurar la integridad de nuestro sistema de asilo», agregó el comunicado.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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