El 20 de junio, un tribunal federal de apelaciones concedió la solicitud de la administración Trump para suspender las medidas cautelares en todo el país ordenadas por tribunales inferiores en Washington y Oregón, que impidieron que el poder ejecutivo bloqueara los fondos federales para planificación familiar de los proveedores de abortos.
El dinero en cuestión, proveniente de los impuestos, es parte del antiguo programa Título X, destinado a los estadounidenses de bajos ingresos. Bajo la designación original, los fondos no podían usarse para el aborto. La administración del presidente Bill Clinton levantó la restricción del aborto. Planned Parenthood, la corporación de abortos más grande de la nación, recibe aproximadamente una cuarta parte del total de los fondos de los impuestos del Título X.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) emitió una norma el 22 de febrero que «prohíbe el uso de los fondos del Título X para realizar, promover, referir o apoyar el aborto como un método de planificación familiar». Más de 20 estados y organizaciones no gubernamentales desafiaron la norma en casos archivados en Oregon, Washington y California. Los jueces de Oregón y Washington impidieron que las reglas entraran en vigencia en todo el país. El juez de California emitió una orden judicial en todo el estado.
Sin embargo, un panel de tres jueces del 9º Tribunal de Apelaciones del Circuito de los EE.UU. en San Francisco, calificó las normas como una interpretación «razonable» de una ley federal que prohíbe que las clínicas de salud financiadas por impuestos defiendan, alienten o promuevan el aborto.
El panel anuló los tres mandatos mientras que los casos separados aún proceden. Según Politico, los tres jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.
«El HHS se verá obligado a no permitir que los impuestos de los contribuyentes se gasten de manera que concluya que infringe la ley, así como el importante interés de la política del Gobierno para garantizar que el dinero de los impuestos no vayan a financiar o subvencionar los abortos».
El Departamento de Justicia también está apelando una orden judicial que bloquea las normas en Maryland.
El panel dijo que los tribunales inferiores parecían haber malinterpretado las sentencias y concedió una suspensión de las órdenes solicitadas por el Departamento de Justicia. Eso permite que las normas entren en vigencia mientras el gobierno apela las decisiones de los tribunales inferiores.
«Nos complace que el 9º Circuito haya despejado el camino para que esta acción importante del poder ejecutivo entre en vigencia mientras nuestras apelaciones están aún pendientes», dijo la portavoz del Departamento de Justicia, Kelly Laco, en un comunicado enviado por correo electrónico. «La posición del Departamento de Justicia está respaldada por un precedente de la Corte Suprema de larga data y confiamos en que finalmente prevaleceremos en la apelación».
Las nuevas normas prohíben que las clínicas financiadas por dinero de los impuestos realicen derivaciones para abortar, y prohíben que las clínicas que reciben dinero federal compartan oficinas con proveedores de abortos.
Planned Parenthood, que podría perder hasta USD 60 millones en fondos de los contribuyentes, calificó la decisión de «devastadora». Los USD 60 millones representan menos del 4 por ciento de los ingresos de la corporación, que, en el año fiscal 2018, alcanzaron cerca de USD 1.7 mil millones.
«La regla de la administración Trump-Pence no es ética, es ilegal y es perjudicial para la salud pública», dijo en un comunicado Leana Wen, presidenta de la Federación Planned Parenthood de Estados Unidos.
Según una encuesta realizada por Marist en junio, menos de uno de cada cinco estadounidenses apoyan el aborto durante cualquier término del embarazo. La misma encuesta concluyó que tres de cada cuatro estadounidenses apoyan la decisión de la Corte Suprema sobre el caso «Roe vs. Wade», que estableció el derecho de una mujer al aborto. A pesar del apoyo abrumador, una gran mayoría le dijo al encuestador que respaldan la adición de restricciones a la norma.
Además de los fondos del Título X, Planned Parenthood recibe aproximadamente USD 500 millones anuales en fondos de los impuestos.
Según los Centros para el Control de Enfermedades, más de 45 millones de abortos médicos y quirúrgicos se han practicado en los Estados Unidos desde 1970. Además, más de 610 millones de abortos «químicos» ocurrieron en los Estados Unidos entre 1965 y 2009, según la Liga Americana de la Vida.
The Associated Press contribuyó a este informe.
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